El Ollanta Humala que puede ser

Hoy el Perú amaneció con un nuevo presidente: Ollanta Humala Tasso. Claro, no es el fin del mundo, no nos van a expropiar los ipods, no se va a abrir la tierra, no, nada de eso. Las cuestiones no son tan banales como parecen, sino son cuestiones mucho más profundas y estructurales de lo que la gente cree. Los problemas que traerá Humala no serán tanto problemas concretos, estatizaciones, golpes de estado, violaciones a la libertad de prensa, represión, sino que su victoria acarrea, mejor dicho, grandes oportunidades coyunturales que el Perú perderá en los próximos 5 años.

Pues como diríamos en jerga política: “Saltamos al vacío” ¿y ahora que? Yo no creo en un posible gobierno de Humala estatista y represivo, violador de la libertad de prensa y eterno al estilo Evo Morales (al menos eso espero). Pero si creo que la elección de Ollanta Humala ha sido una gran oportunidad perdida para el Perú. Nuestra economía venia creciendo sostenidamente, durante los últimos 5 años se han logrado sacar a más de 5 millones de peruanos de la pobreza, nuestras exportaciones crecían exponencialmente y comenzaban a diversificarse. Por primera vez se había invertido en educación primaria en el Perú y se avanzaba en una profunda reforma magisterial que podía traer frutos interesantes. Era la primera vez en la historia del Perú que teníamos más reservas internacionales que deuda externa. La economía era nuestra doncella de oro. Pero hubo un gran problema. No importa cuan excelente sea una economía, si tu estado no crece y se desarrolla al ritmo de esa economía son pocos los frutos que puedes cosechar. Esa fue nuestra desgracia.

Resultado de esto se ha dado la elección de Ollanta Humala. Y pues bien, tenemos entonces dos caminos: o emprender las grandes reformas estructurales que necesita el Perú para desarrollarse a la par de su economía (sin frenar esta por cierto) o simplemente acentuar el asistencialismo tan preponderante en las propuestas de campaña, reivindicar un par de cuestiones políticas e ideológicas y hacer obra esperando que se incrementen las demandas sociales y luego venga otro Humala que quizá ya no podamos domesticar. Yo tengo miedo que Ollanta siga este segundo camino. Un segundo camino en donde, paradójicamente contrario a lo que se creía de Ollanta, la situación no cambie mucho. ¿Y saben porque creo esto? Porque paradójicamente la izquierda en el Perú nunca ha trabajado por realizar las grandes reformas estructurales que necesita el país: reforma administrativa y simplificación, formalización, reforma del poder judicial, reforma legislativa, etc. La izquierda se ha caracterizado por ser asistencialista y burocrática, y yo en este momento a lo que tengo miedo es que eso sea tan solo una medicina temporal a los conflictos sociales que traiga luego efectos segundarios más severos.

Yo hablo de una oportunidad perdida, pues es ahora que se tienen que realizar estas grandes reformas estructurales debido a la gran cantidad de dinero en el fisco (para realizar la reforma administrativa y formalización por ejemplo) y la favorable coyuntura internacional. De lo contrario las anestesias asistencialistas que hemos oído prometer, no durarán mucho. Yo espero que Ollanta asuma el reto que tiene en este momento y que ojala Toledo y compañía logren hacerle comprender lo crucial del momento. Yo ya no le tengo miedo a los giros radicales, sino precisamente a la inacción en los temas que he mencionado. El Perú nos ha dado una bofetada castigando a su estado burocrático, ineficiente y versallesco. A la misma vez más del 70% se ha manifestado a favor de nuestro modelo económico. Conclusión: nos urge reformar el estado y reforzar la ciudadanía democrática. O vamos por ahí o continuamos con el asistencialismo burocrático. Ollanta tiene dos caminos, veamos hacia donde se dirige.

Por Alejandro Cavero Alva

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¿En qué consiste el liberalismo?

Los acontecimientos más recientes de la política nacional confirman una tendencia muy antigua según la cual a los peruanos les encantan los caudillos.  Ahora bien, cabe precisar cuál es el elemento central que hace que determinada persona sea o no un caudillo.  Por lo general, se suele representar a estos personajes como militares valerosos y solemnes que poseen ángulos megalomaniacos y llegan al poder, normalmente, mediante un golpe de estado.  Sin embargo, la historia nos demuestra que estas apreciaciones no son, necesariamente, verdaderas.  Personajes como Alberto Fujimori, Augusto B. Leguía o Salvador Allende (por ejemplo) fueron civiles que tras ser electos, limpia y democráticamente, desconocieron el orden constitucional para gobernar luego de manera despótica.  En cambio, uno podría precisar que la característica esencial en un caudillo no su profesión, ni la manera en que llegó al poder sino el conjunto de actitudes que éste tiene con respecto al conocimiento.  Me explico, todos los caudillos, sin excepción alguna, son personajes que se creen extremadamente sabios.  Cuando un caudillo comete un error, por ejemplo, normalmente no asumirá la culpa del mismo sino que buscará un chivo expiatorio en el cual descargar su furia. (Piénsese en la relación de Adolfo Hitler con el pueblo judío pero también en la de Hugo Chávez con respecto al “imperialismo yanqui”)  Asimismo, dado que el caudillo pretende poseer un conocimiento certero acerca de casi todas las cosas, este será muy proclive a regular el comportamiento de los demás según lo indiquen sus ocurrencias, instintos o caprichos.  Durante la “revolución peruana”, por ejemplo, el general Velasco Alvarado pretendió que los peruanos dejen de festejar navidad utilizando imágenes de Papa Noel porque consideraba que éste era un agente de alienación proveniente de Norteamérica.  Asimismo, en la China, Mao Zedong intentó erradicar la milenaria cultura de su país (que consideraba decadente) y sustituirla por otra que él mismo había inventado basándose en principios “comunistas”.  Ahora bien, resulta evidente, que estos personajes mesiánicos son sumamente peligrosos ya que, de llegar al poder, buscarán imponer su visión del mundo sobre todos los ciudadanos incluso mediante el uso de la fuerza.

Por lo tanto, considero indispensable que todas las personas, y en particular los latinoamericanos, desarrollemos una doctrina más o menos sólida que nos permita defendernos de los caudillos y sus secuaces de manera sistemática y efectiva.  Ésta es, precisamente, aquello que yo llamo liberalismo.  Ahora bien, así como el caudillismo parte de una postura epistemológica determinada (es decir, aquella según la cual un individuo puede acumular tal cantidad de conocimiento como para gobernar despóticamente sobre aquellos que saben menos) es evidente que el liberalismo se fundamenta a sí mismo aludiendo a la tesis contraria.  Es decir, para los liberales, el conocimiento es, por naturaleza, de carácter provisional.  Un liberal, por ejemplo, jamás tendrá la pretensión de planificar la vida privada de los demás porque no se sentirá lo suficientemente sabio como para hacerlo.  Por el contrario, éste admitirá que algunas de las instituciones más memorables y efectivas con que contamos (la moneda, el lenguaje, el derecho y la democracia por ejemplo) no son el designio inteligente de algún genio que planifica sino el resultado espontáneo y gradual de la acción humana colectiva a través de los siglos.  Para los liberales, los buenos resultados no se consiguen imponiendo la visión individual que uno tenga acerca del mundo sino experimentando, a través de técnicas de ensayo y error, en colaboración con los demás.  Por ello es que los que defienden esta doctrina se oponen normalmente a la “acción positiva” por parte del estado según la cual se busca mejorar la vida de la gente mediante la regulación, la formulación de nuevos impuestos, cuotas, aranceles, tarifas y demás medidas que impliquen la expansión de un estado centralista a costas de la sociedad civil.

Naturalmente, me es imposible hacer un análisis exhaustivo de todo aquello que implica el liberalismo en un artículo tan corto pero creo, no obstante, que esta corriente les permite a las personas esgrimir la provisionalidad del conocimiento y la admisión de la ignorancia humana (al estilo socrático) como argumentos que anulen las pretensiones de aquellos caudillos en potencia que creen que lo saben todo y ya están planificando, con aires exaltados y mesiánicos, su propia revolución.

Artículo por Lucas Ghersi Murillo

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Sobre el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala

El debate del último domingo terminó sin mayores sorpresas, sin grandes contrastes entre los candidatos, ni la sensación de que vaya a tener una repercusión significativa en el voto indeciso. Como es costumbre en las polémicas de nuestro medio, las referencias personales estuvieron a la orden del día y las propuestas fundamentadas brillaron por su ausencia, lo que no habla solo de los candidatos sino de lo que las personas demandan: el espectáculo.

La estructura del debate consistió en cinco temas eje: lucha contra la pobreza, seguridad y narcotráfico, institucionalidad democrática y, finalmente, economía e inclusión social. El análisis previsible dictaba que Keiko Fujimori sacara amplia ventaja en el bloque de economía e inclusión social, en vista de los logros en ese aspecto de su padre, mientras que Humala sacara algo de ventaja en el bloque de institucionalidad democrática, intentando rememorar el autogolpe del 5 de abril, las violaciones a los derechos humanos y el control de medios de los años noventa; pero debo decir  que no ocurrió eso exactamente.

Ollanta Humala fue astuto al atribuir el rimbombante nombre del bloque “institucionalidad democrática” a una petición de la bancada Fujimorista, en vez del nombre supuestamente real (Derechos Humanos y Corrupción), pero ese fue solo un buen comienzo. La referencia de Keiko a los dos intentos de golpe de Estado del ex comandante, sumada a su firme y algo enervada aclaración de ser ella y no su padre quien presidiría el país, dieron un giro interesante a la duda de quién es más propenso de ser irrespetuoso con la democracia. En cuanto a las propuestas, si bien Keiko dio una tímida y vacía proclamación de fortalecimiento a la contraloría, ganó mucho explicitando que no convocaría a una asamblea constituyente, con lo que quitó credibilidad a la promesa de no reelección del ex comandante. Por su parte, este tuvo un convincente actitud en contra de la corrupción que la hija del ex dictador no tuvo.

En el plano económico Humala se ciñó a un discurso en favor de la economía de mercado, aunque dejando en claro que revisaría algunos TLC’s y que cobraría impuestos a la sobreganancia. Keiko, por su parte, propuso un ministerio de economía promotor de inversiones y la creación de una Superintendencia de derechos laborales. Al no haber confrontación técnica, ninguno terminó luciendo mucho sus propuestas.

Es muy probable que uno se quede con la sensación de que al fin y al cabo, ambos candidatos propusieron cosas muy parecidas. Si bien personalmente me parece que Keiko debatió un poco mejor, no podría atreverme a clamar un ganador rotundo. Me parece que la única apreciación contundente que queda por hacer, es que más allá de hija de quién sea Keiko Fujimori, y más allá de qué haya hecho Ollanta Humala en sus tiempos de militar, lo que dice Keiko hoy ha estado y está inamoviblemente por escrito, lo que dice el otro candidato no.

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Moralismo vs. pragmatismo

La divisiones siempre han abundado en este tragicómico país. El tenso proceso electoral es la prueba irrefutable de estas divisiones irreconciliables que ahora se encuentran concentradas en dos posturas, a juzgar por la primera vuelta nada alentadoras para la mitad del cuerpo ciudadano.

El proyecto nacionalista ha venido “destiñéndose” cada vez con más ahínco de su imagen radical, con el apoyo de clases medias e intelectuales. Sobre todo a nivel de provincias le otorgan el beneficio de la duda, mientras que en otros sigue levantando suspicacias. Los escépticos vienen argumentando que es simplemente la segunda fase de un eleborado plan de imagen y simpatía. Sea cual sea la verdad, no está dando los frutos deseados o no al ritmo que requiere la candidatura nacionalista a estas alturas. El elemento moralista ha solidificado en cierta medida la credibilidad de Humala, minada por la incetidumbre, que esta a su vez ha sido generada por la sucesión de diversos planes de gobierno culminada en la “Hoja de ruta”. Esa solidez que endurece, mas no impulsa o adhiere, que es en todo caso lo necesario para que el panorama les sea a los nacionalistas más propicio.

En tanto al fujimorismo, este ha decido no deslindar con su penoso pasado o purgar a sus fantasmas. Atribuyo una actitud pragmática a esto último -tal medida sería equivalente a un harakiri electoral a estas alturas, por la posibilidad de decepcionar a su voto duro. Sin embargo, ha sido hábil en la evasiva; aunque nunca faltan declaraciones cómicas, y luego de escucharlas por segunda vez, resultan estremecedoras, como la consabida “nosotros matamos menos”. Keiko y su comando de campaña deben aguantar la zozobra, que vendrá reflejada por ejemplo en manifestaciones sindicales y universitarias como la del día de ayer en el centro de Lima. Son una muestra de una ola que puede barrer con sus castillos en la arena. Además, no pasa por inadvertido el silencio casi de monasterio de la mayoría de medios de comunicación respecto a las vulnerabilidades del fujimorismo. El contraste de la iracunda arremetida contra Humala encabezada por Jaime Bayly en la televisión sólo hace más evidente una parcialización que Fuerza 2011 debe empezar a considerar más perjudicial que benéfica, ya que no pocos intelectuales o personas lo preciben, lo critican y lo señalan.

El apoyo de determinados círculos ilustrados a la candidatura de Ollanta Humala responde a una causa autodenominada de moral. Estos estudiosos son quienes tienen la más prolija y detallada información sobre todos los atropellos realizados durante el fujimorato, además de un sentido de ciudadanía que otorga amenudo la vida académica; en consecuencia, sus reparos en dar el visto bueno a Keiko Fujimori son lógicamente mayores, además de ser alérgicos al círculo de potenciales autoridades que acompañan a la candidata. En un país con un paupérrimo sistema educativo el impacto de los intelectuales es reducido, en tanto estos no lleguen a la juventud, porque una vez que llegan a los jóvenes el mensaje cobra bríos. El conocimiento hace la función de dinamita, los jóvenes de encendedor. Respaldo esta observación personal en los fenómenos electorales que fueron Susana Villarán y PPK, pese a la derrota de este último -atribuible quizá a un tardío despegue y a la fragmentación de las posturas democráticas.

Si bien desde hace dos semanas los números parecen casi inmóviles, en un país con el grado de volubilidad electoral como es el Perú lanzar un pronóstico muy anticipado es impropio y es imprudente. Además, se ha comprobado que pese a sus esfuerzos desbordados ninguno de los dos candidatos podrá terminar de convencer a sus detractores de un “cambio”, en el caso de Humala, o de un alejamiento decisivo con el fujimorismo en el caso de Keiko. Si tenemos que referirnos ahora a otros ejemplos que sustenten esta antítesis entre el pragmatismo y el moralismo podemos reducirnos a las medidas empleadas por los contendores: Keiko buscando mantener el perfil de un gobierno más estable y de continuidad, ha posicionado públicamente a Hernando de Soto -reconocido tecnócrata- y a R. Giulianni, ex-alcalde de Nueva York. La reciente declaración de Pedro Pablo Kuckynzki diciendo que votará por ella sedimentan esa imagen fría, tecnocrática, monolítica y “económicamente correcta” que la hace mantener sus nuevos adeptos que se quedaron sin candidato en la primera vuelta.

Ollanta Humala y su equipo por su parte, a través, de un juramento simbólico con biblia en mano y frente a una audiencia intelectual, demuestra mayor interés por el almidón, por mostrar una imagen mansa, dócil, redimida y ahora salvaguardada por pensadores que certifican este viraje en favor del Perú. El más claro ejemplo de esto es el spot que ha lanzado Mario Vargas Llosa exhortando a los televidentes a votar por la postura nacionalista. Los resultados de esto son ambiguos, porque Vargas Llosa es al instante frenado por sus declaraciones anteriores en contra de Humala y cualquier clase de nacionalismo -tan criticado por él, incluso en su discurso en la ceremonia del Nobel-, aunque del otro lado el eco y la redundancia desproporcionada de Bayly muestran la peor cara de una estrategia que combina desesperación y bidimensionalidad mediática.

 

Sin más que señalar por el momento, resumo según mi parecer esta campaña en un encarnizado duelo de proyectos opuestos y de imágenes distintas, pero sobre todo, la divergencia en las estrategias. Moralismo vs. pragmatismo es lo más apropiado, creo yo, para resumir esta amalgama.

Escrito por Aldo Cisneros J.

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Medio oriente: ¿la cuarta ola democrática?

En 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal contra la dictadura salazarista dio inicio a lo que el cientista político Samuel Huntigton denominó la Tercera Ola Democrática, que sucedió en países de Occidente. En este proceso, alrededor de 60 países en el mundo, desde América Latina hasta Asia, cambiaron sus regímenes autoritarios por democráticos. Han pasado más de 30 años desde el tan importante proceso, y tras la caída de algunos regímenes autoritarios en Medio Oriente varios estudiosos sociales optimistas han afirmado que se estaría iniciando la Cuarta Ola.

 

La caída de Mubarak en Egipto y de Ben Ali en Túnez fueron los primeros indicios de que algo estaba empezando a cambiar. Dictadores que habían ostentado el poder por más de 40 años veían cómo su precaria legitimidad empezaba a desplomarse. Intervenciones de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la OTAN. Todas intentaron apoyar la formación de un nuevo orden político, establecer las bases para la transición hacia un gobierno democrático y servir de mediadores entre los dictadores y la población. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, pues las “ayudas internacionales” suelen confundirse con atentados contra la soberanía.

Creo que es necesario que empecemos por establecer las diferencias que existen entre los formalismos políticos islámicos y los occidentales.Obviamente enfrentamos dictaduras con democracias liberales, pero algo que también es importante señalar es que el islam sostiene la idea de un gobierno teocrático, en tanto nuestro mundo occidental hace muchísimo tiempo dejó de creer en ella. Esto último nos lleva a establecer diferencias culturales, pues la religión ocupa un lugar fundamental en la vida diaria de la mayoría de la gente que es ciudadana en aquellos países. Es cierto que la relevancia de la religión en estos conflictos es bastante discutida*, pero lo cierto es las ideas de muchos de los radicales islámicos religiosos la mayoría de las veces terminan por implicar conflictos de orden político,económico y social.

 

En un artículo publicado por Larry Diamond en el journal Foreign Affairs**, el autor señala que tanto la teoría como la práctica en ciencia política han demostrado que las legitimidades gastadas no duran, y países como Libia, Siria y Yemen ya experimentan esta erosión; de esto podemos concluir que cuando un régimen autoritario está a punto de desplomarse, no tiene a entidades superiores a las cuales concurrir en caso de encontrarse en peligro, lo que sí podemos hacer en regímenes democráticos.

Si bien es cierto que la democracia en Medio Oriente enfrenta obstáculos diferentes a los que Occidente experimentó en su momento, vinculados principalmente a la cultura, lo cierto es que las protestas producidas en los diferentes países demuestran que el ánimo de la población está cambiando, que buscan un nuevo orden más justo, más de ellos, en el que las libertades individuales no sean violentadas a diario, en el que tengan la libertad de elegir y ser elegidos.

Pero también encontramos un segundo obstáculo: Los militares. En varios de los países que ya he mencionado, las milicias de cada uno han decidido imponer un gobierno en el que ellos manden, a pesar de la oposición internacional que ello ha generado. La participación de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido crucial- y controvertida- en este aspecto, pues el apoyo económico que el primero brinda a los países árabes ha sido puesto en vilo en tanto los militares desistan de su extraña y obsoleta idea.

Es importante que se brinde a los países en conflicto una seria ayuda programática y de reformulación de instituciones, que permita construir una democracia que no se destruya como lo hace un castillo de naipes, que se adapte a lo positivo de las culturas islámicas, pero que también enseñe a repudiar lo negativo: que se consiga, que no se imponga; escuchar la voz de las personas que viven en lugares tan lejos de nosotros pero con problemas parecidos nos deja variadas lecciones. Y la Cuarta Ola Democrática, parece que todavía va a esperar un poco.

Escrito por Alejandra Navarro

*Para discrepancias con la importancia del factor religioso consultar: GIL CALVO,Enrique.La “cuarta ola” democratizadora.
**Para leer el artículo completo:DIAMOND,Larry. A Fourth Wave or a False Start?. En Foreign Affairs. Traducciones de la autora.

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El tema fuera del discurso: la pendiente reforma del estado

En esta segunda vuelta electoral hemos oído promesas muy tentadoras por parte de los dos candidatos. Mejorar las carreteras, mejorar la educación y la salud, “hacer llegar el crecimiento a todos”, entre otras muchas ofertas, algunas más concretas y otras un tanto más abstractas. Diría que en esta campaña hemos estado sino en el absurdo del populismo, al menos al borde del mismo.

El gran problema con todas estas promesas, es que más allá si son posibles de cumplir o no, generan una amplia expectativa en la población, la cual luego es “desilusionada”, generándose conflictos sociales y descontento. Ejemplo de esto lo vemos hoy en día en la abrumadora desaprobación que tiene la alcaldesa de Lima, quien la gente creyó podría resolver los problemas de la capital en un día. Típico ejemplo de lo desastroso que pueden ser las sobre expectativas y el voto emocional.

Ahora vayamos a lo concreto del asunto: ¿Cómo es que estos candidatos van a cumplir todo lo que prometen? Aquí hay dos temas fundamentales que pueden ser decisorios en su futura popularidad y que serian además los ejes centrales de la viabilidad de sus propuestas: la reforma del estado y dentro de esta la reforma tributaria.

Un estado con abundantes recursos provenientes del alto precio de los commodities pero sin un estado eficiente capaz de ejecutar adecuadamente este dinero, pronto será un estado visto como ineficiente, burocrático y poco moderno. Un estado propenso al conflicto y al descontento social. Es fundamental que se ponga sobre el tapete la reforma administrativa del estado, que es lo que se piensa hacer para mejorar y hacer más competitivos sus procesos de licitación y como se pretende garantizar que el estado este provisto de técnicos buenos que le permitan realizar a cabalidad sus funciones. Al fin y al cabo la impresión que la mayoría de los ciudadanos tiene de su estado, es la ventanilla de una entidad publica en donde uno tiene que hacer unas colas espantosas, le brindan un mal servicio y encima no le resuelven sus problemas, pues bueno, ¿Cómo queremos así tener una buena relación con el ciudadano?

Un estado ineficiente en términos administrativos no podrá realizar todas las promesas que haya hecho, y luego no será un estado capaz de generar nueva riqueza y nuevos ingresos que le permitan independizarse de los commodities y de las pocas grandes empresas que hoy pagan impuestos, es decir, un estado ineficiente no podrá llevar adelante la tan importante reforma de la formalización.  Esta reforma, como ya explicamos en artículos anteriores, es indispensable para garantizar la viabilidad económica a largo plazo de todo estado moderno. Un estado en donde, como en los países más desarrollados, los ingresos de su caja fiscal se deban a las contribuciones de sus ciudadanos y no a los altos precios internacionales de los metales. Esto sin una reforma administrativa profunda del estado no será posible de realizar.

Aquí tenemos un tema fundamental que no se ha tocado mucho en esta campaña, y que cuando alguno de nuestros dos candidatos se siente en el sillón de Pizarro el 28 de Julio, verá que son temas más que indispensables para el futuro éxito de todo gobierno que pretendan emprender.

Por Alejandro Cavero Alva

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La penalización de las drogas: ¿lucha necesaria o guerra pírrica?

La primera crítica que se hace a la legalización de las drogas es que el Estado no puede avalar que los ciudadanos tengan la libertad de consumir substancias que producen un daño físico, mental y social tan fuerte. La concepción de la ética como el disponer de la propia libertad sin excederse y violar la libertad y el bienestar ajenos, pues, no es argumento suficiente como para que el Estado disponga que las personas tengan plena libertad de disponer de sus cuerpos y de su salud a cambio del beneficio de un placer momentáneo y quizás el apaciguamiento de una adicción que aqueja. Es un rol del Estado velar por el beneficio de los individuos y de la sociedad en su conjunto, e incluso más allá de los problemas en el plano social que producen las drogas –la violencia, la delincuencia, el deterioro de familias…­– el daño a nivel individual, como la adicción, el deterioro de la salud y facultades mentales, la desmotivación y pérdida de rumbo, etc. justifica que el Estado proscriba estas conductas para proteger el bienestar de las personas.

Lo cierto es que la autonomía del ser humano no es perfecta, y no es racional, al menos como nos gustaría pensarlo. El consumo de drogas no es racional, y no responde a un plan de vida. Cuando uno comienza a consumir drogas, salvo que lo haga en situación de ignorancia, uno difícilmente lo hace sopesando el beneficio que puedan traer estas, contra el perjuicio de potencial adicción y demás riesgos. Sean cuales sean las razones por las cuales una persona entra al mundo de las drogas, hacerlo no responde a la racionalidad y el ejercicio de la libertad con responsabilidad que se considera que es uno de los dotes de las personas humanas.

De todo esto se deriva la postura según la cual el que el Estado renuncie a la intervención respecto a lo que se considera que es correcto y lo que no, no es la dirección correcta hacia el desarrollo humano social. Por eso, se sostiene que no se debe legalizar las drogas.

Frente a estos argumentos, quiero hacer una crítica a esta postura. Para ello, en primer lugar, considero necesario hacer una distinción. Las drogas es un término que se usa a menudo para designar una serie de sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína, para citar unos pocos ejemplos. Hablar así de las drogas es incorrecto. La cocaína es una droga, como también lo es el alcohol y la nicotina, como también lo es la aspirina. En adelante, pues, hablaré de las drogas ilegales y las drogas legales para diferenciar unas de otras.

La distinción entre unas y otras está en que, como el nombre indica, el comercio de algunas está prohibido mientras que el de otras está permitido. El consumo de alcohol no solo está permitido a partir de la mayoría de edad, sino que en sociedades como la nuestra no hay demasiado reproche social a él, salvo en casos de abuso y exceso. La prohibición de ciertas drogas obedece, presumiblemente, a criterios de facilidad de adicción y nocividad para el cuerpo. Esto es generalmente cierto. Sin embargo, podemos observar que las dos drogas legales más extendidas, el alcohol y el tabaco, no son precisamente inofensivas. Ambos son muy adictivos y bastante nocivos a la salud, incluso a niveles comparables a los de drogas ilegales llamadas “suaves”, como la marihuana, que no genera adicción al nivel que lo hace la nicotina, y produce efectos fisiológicos comparables a los del alcohol en cantidades importantes.

Sin embargo, el argumento por la penalización de las drogas que quiero plantear no comienza por esto. Es perfectamente razonable considerar que, a pesar de que el alcohol y el tabaco sean bastante nocivos para las personas, no se prohíban porque implementar tal prohibición sería casi imposible y además contraproducente, pues ya se intentó, por ejemplo, prohibir el alcohol en los E.E.U.U. en la década de los 20 con resultados desastrosos.

La penalización de la venta de drogas causa dos efectos adversos. En primer lugar, la restricción de la oferta, por simple aplicación de la ley de la oferta y la demanda, resulta en que los precios aumenten. Esto, además, reduce la competencia para los narcotraficantes. Todo esto beneficia ampliamente a los comerciantes de drogas ilegales. En segundo lugar, esto no desincentiva la compra de drogas, pues, como ocurre en nuestro país, la compra y posesión en ciertas cantidades de drogas ilegales no está penalizada; con esto, se permite que la demanda se mantenga y los precios puedan seguir subiendo.

Además de esto, las drogas –al igual que la nicotina y el alcohol– tienen precio inelástico, lo cual significa que si el precio de estas aumenta, la demanda disminuirá pero no proporcionalmente, con lo que al ofertante le será beneficioso que los precios sigan aumentando. Por consiguiente, los narcotraficantes pueden perfectamente aumentar el precio de las drogas, sabiendo que la gente en su mayoría las seguirá comprando. Es por esto que el negocio de las drogas puede ser, para muchos, muy rentable.

Por otra parte, al ser varias drogas ilegales, se prefiera comercializar las drogas más potentes. Esto se da porque mientras mayor sea el volumen de la droga que se comercializa, más difícil es transportarla, y mucho más grande es el riesgo de ser atrapado. Por ello, los comerciantes preferirán cargar, transportar y comercializar rápida y fácilmente, por ejemplo, pequeñas pastillas de éxtasis que se esconden con facilidad y que con poco bulto significan múltiples dosis, a cargar con grandes volúmenes de drogas algo menos peligrosas, como la marihuana. Lo mismo ocurre con los compradores.

Otro efecto que trae la penalización de las drogas es que, al ser ilegales, el consume de estas suele ser rápido y precipitado. Cuando uno bebe alcohol, uno generalmente puede tomarse su tiempo y consumirlo a lo largo de espacios largos de tiempo. Esto es, a todas luces, mejor para el organismo. En cambio, cuando uno corre el riesgo de ser atrapado y enfrentar problemas, uno se ve inclinado a consumir rápidamente y de una sola vez. Esto puede causar fácilmente daños grandes a las personas, o incluso causar accidentes como sobredosis. Esto además hace que el consumo sea más adictivo aún.

La ilegalidad de las drogas hace que estas no pasen por ningún control de calidad o de contenido. El punto de esto no es que los consumidores de drogas estén sometidos a estafas y malos productos. No hay, para las drogas ilegales, ningún marco que proteja a las personas de manipulaciones, mezclas de drogas, o adulteración. Los consumidores de drogas se enfrentan, al consumir, al riesgo de que lo que consumen no sea lo que creen que es, y pueda tener una mucho mayor concentración u otras drogas mezcladas, con lo cual los riesgos a la salud y de sobredosis son mucho mayores.

Uno de los mayores problemas de la penalización de las drogas s la enorme criminalidad que ello produce. Los que abogan por la legalización de ciertas drogas alegan que esto ayudaría a reducir el crimen que emerge del narcotráfico, el pandillaje y las mafias. Es pues, mi postura que lo que produce la violencia y el crimen no es la droga misma sino la prohibición de esta.

No existe en nuestro país ni en ninguno en el que sea legal, una mafia de comercialización de alcohol. Los comerciantes y productores de alcohol pueden hacerlo abierta y legalmente en tiendas. Pagan impuestos y se someten a la ley. Los narcotraficantes, en cambio, pueden hacerlo en la clandestinidad y crean, por la ilegalidad misma de su producto generan violencia y crímenes, lo cual a su vez le da espacio a un mundo de ilegalidad que genera aún más problemas sociales. Esto, sin embrago, no se queda en la teoría. Como ya he mencionado, en la década de los 20, el alcohol fue ilegalizado en E.E.U.U., producto de posturas conservadoras que lo rechazaban. En la siguiente década, el comercio de alcohol se volvió muchísimo más rentable, y aparecieron las peores mafias que jamás acecharon este país. Al Capone, probablemente el mafioso más conocido de la historia, se burló de la justicia y organizó el sindicato criminal más grande de su era, y nunca fue condenado por ello –por suerte, se lo encarceló por evasión de impuestos. Esto es perfectamente comparable a la situación actual de México, en donde muchos lugares están a la merced de la delincuencia y el crimen organizado. La situación de caos en los E.E.U.U., sin embargo, se acabó rápidamente una vez que el alcohol fue legalizado nuevamente a comienzos de la década del 30.

Finalmente, la lucha contra las drogas significa anualmente cantidades exorbitantes de dinero. Estados como el nuestro o el de los estadounidenses gastan billones de dólares en lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. Esta lucha es ampliamente ineficaz. La guerra contra las drogas no se está ganando, y esto se muestra por el hecho de que el narcotráfico prolifera rampante, que países como México enfrenten problemas de mafias y violencia críticos, y que el consumo no disminuya. Con esta cantidad de dinero podrían ejecutarse obras a favor de la sociedad y la pobreza importantísimas, y que quizá harían mucho mayor bien que prohibir sustancias que igual se consumen y que dan nacimiento a crimen y violencia. Hay pues, mejores lugares en donde invertir el dinero de los que pagan impuestos.

No tengo afición por el consumo de ninguna droga ilegal, y no es algo que se lo recomiende a nadie. Tampoco sostengo que el consumir drogas ilegales sea tan aceptable o correcto como consumir otras legales. Ni siquiera abogo por la despenalización de todas las drogas: muchas son tan dañinas y adictivas que permitir su consumo podría generar daños bastante mayores a los beneficios posibles. Sin embargo, creo que la despenalización de por lo menos varias de las drogas, las menos fuertes y adictivas, podría acabar por vencer la gran guerra contra el narcotráfico que hasta ahora solo nos ha dado pequeñas victorias pírricas y amplias derrotas. Creo, pues, que el camino en pos del bienestar social y la defensa del individuo no debería seguir por el camino que siempre se ha seguido y que nunca ha tenido éxito: el de la prohibición.

Escrito por Manuel Ferreyros

Gracias a Alfredo Bullard y Eduardo Hernando, quienes participaron en un debate durante un seminario de Análisis Económico del Derecho organizado por la revista Themis de la PUCP sobre este tema y de quienes obtuve muchos argumentos.

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El peligro de quedarse con una sola historia

Faltan pocas semanas para la segunda vuelta de la eleccion presidencial. En vez de tener un confrontación de ideas, hemos visto un sin fin de ataques basados en falacias: ad hominem, ad baculum, ad populum. Hemos escuchado, desde el flash electoral, que la mayoría de electores que no votaron por Keiko o Humala en la primera vuelta y que son el sector demográfico que decidirá la elección, dicen que ellos no eligen por quién votar, sino que eligen por quién no votar.

Tenemos frente a nosotros un escenario poco alentador. Una vez más eligiremos al mal menor, pero es aquí donde nace mi temor: el temor de que basemos nuestro voto en prejuicios heredados, en información tergiversada, en vendettas personales, en miedo. Que cegados por nuestros propios beneficios nos olvidemos de la razón por la que estamos en esta situación para comenzar: la fragmentación social de nuestro país. Supongo que mi mayor temor es, que nos quedemos solo con una historia de cada candidato, y que nuestro voto se derive de esta.

Cada candidato viene con su cuota de prejuicios, con su pros y contras, con su grupo de intelectuales que los justifica y protege. Tenemos de cada candidato una sóla historia. Ya sea que eligamos a uno o decidamos viciar el voto, o simplemente pagar nuestra multa y no votar, lo hacemos por una idea nublosa presente en nuestra memoria. El sólo mecionar de un nombre trae consigo una bagage memorial compartida. Keiko es la hija de su padre, la sucesora de la dinastía Fujimori, la representación de 10 años de corrupción, de violación de Derechos Humanos, de un gobierno autoritario, de delitos que muchos no podemos perdonar; Humala es el soldado con influencias chavistas, el retroceso de no sólo una década, sino tres: el sinsabor de una dictadura velasquista, y es también alguien en que no sabemos si podemos confiar, que cambia de opinión como cambia de medias. Esos son nuestros candidatos, y esa es la sola historia que yo tengo de ellos. 

Chimamanda Adichie, la persona que en un discurso nos advirtió del peligro de una historia única, nos dice: “la historia única crea estereotipos, y el problema de estos no es que sean falsos, sino que son incompletos”. Cada uno tiene su propia historia, su propia arista de visión de estas personas, pero ¿cómo nos damos cuenta de que sólo tenemos una historia? ¿Cómo superamos esto? Me parece primordial dejar de lado nuestras ideas preconcebidas, tratar de sobreponernos a este sentimiento inherente de nuestra sociedad, de sólo pensar en nuestras necesidades y buscar más historia, enriquecernos de varias experiencias, no sólo quedarnos en lo superficial, sino ahondar más en nuestra reflexión, sobre una decisión que tiene en sus manos nuestro futuro. Creo que es válido tener prejuicios, pero en una disyuntiva tan importante como esta, creo también, que estos no pueden ser la base de nuestra decisión. Así, que les urjo que busquen más perspectivas, que no se queden solo con la que tienen, porque el resultado puede ser un desastre más en nuestra memoria.

Escrito por Araceli Pinto Corrales

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La voz de la democracia

He hablado con anterioridad de cómo la era informática es hostil a las dictaduras, y la notoriedad que eso ha tenido a raíz de los eventos que, aunque olvidados por la prensa, siguen cambiando el rostro del oriente próximo. Debido a la incertidumbre electoral del Perú, en donde el respeto por la democracia no está asegurado sea cual sea el resultado, cabe hacer un análisis más profundo de esta aseveración, escapando de la plena coyuntura y entrando más bien al ámbito lingüístico-político.

En La Palabra Permanente, Juan Biondi y Eduardo Zapata, dos de los más importantes lingüistas nacionales, comienzan por elaborar un análisis sobre paradigmas lingüísticos en la historia del mundo y el Perú. La teoría consiste básicamente en que el mundo ha pasado por tres etapas sociolingüísticas: la oralidad, vigente desde la consumación del homo sapiens sapiens; la escribalidad, originada en la gran Mesopotamia y llevada a su máxima expresión a partir de la invención de la imprenta; y finalmente la electronalidad, o lo que hoy conocemos como era informática, llevada a su máxima expresión con la internet. Estas tres etapas son fácilmente identificables en Europa, cuna de la cultura predominante; sin embargo, en el África, la Polinesia, las Américas e incluso el Asia, este desarrollo aparentemente lineal es difuso.

Perú, afirman Biondi y Zapata, es un pertinente ejemplo de ello. Históricamente, el Perú ha sido un país plenamente oral, y sobre esa base se ha levantado toda una cosmovisión e identidad. ¿Qué viene a ser la escribalidad? Viene a ser la representación simbólica de la realidad, una conceptualización inamovible que a base de constituciones escritas, primero durante el virreinato, y luego en la República, ha impartido dogmas para ser obedecida pasivamente. La colonización del Nuevo Mundo nos trajo como consecuencia la escribalidad, aunque esta nunca logró calar en la idiosincrasia indígena tal como lo hizo en otros lugares. La libertad de la palabra, la vinculación directa entre el indígena y su mundo, tanto divino como terrenal; la implicación, apertura y especificidad del habla cotidiana, nunca pudieron ser realmente dejadas de lado por la impersonalidad de la escritura.

El siglo XX trajo al mundo un nuevo escenario. La electronalidad, que hoy conocemos como información al alcance de un “click”, redes sociales y chat, se distingue mucho de la escritura y su desvinculación con el agente. La internet ha cambiado nuestra manera de concebir el espacio y el tiempo (que han sido reducidos al mínimo), y sobre todo, nos ha hecho a todos portavoces de nuestras opiniones. Biondi y Zapata destacan la innegable relación entre la oralidad y la electronalidad, con el argumento de que en la internet solemos escribir como hablamos, sin formalidades ni reglas propias de la escritura. Nuestra comunicación – dicen – es mucho más personal y comprometida.

Lo rescatable de este análisis para nuestros propósitos es que hoy en día las personas están acostumbradas a escribir más, a participar más y a sentirse cómodos diciendo su opinión. Si bien este no es un artículo que intente impugnar la escribalidad, ni mucho menos, resulta ser que para efectos democráticos, la electronalidad juega un rol más importante en extender la participación de la población.

Hoy, en el 2011, los peruanos tenemos una idiosincrasia que cambia poco a poco hacia la proactividad. Los índices de uso cabinas de internet es altísimo, y la cultura electronal tiene una tendencia al rápido crecimiento si la acompaña el crecimiento económico. Esperemos que, suceda lo que suceda en estas elecciones, nos remitamos a nuestra sangre oral: vinculada, abierta e implicada, y luchemos reciamente en defensa de lo que nos pertenece.

Artículo por Juan Ignacio Chávez

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Al Alba del Quiebre

Mañana, 7 de Mayo, los ecuatorianos deberán ejercer su voto y tomar una decisión respecto de una consulta popular, impulsada por el gobierno del presidente Correa. Las últimas encuestas indican que lo más probable es que gane el Sí, lo cual constituiría una gran victoria para el gobierno de Correa. Sin embargo, no es poco lo que está en juego con el plebiscito ecuatoriano.

El referéndum en cuestión consiste en 10 preguntas. 5 de ellas buscan reformar la constitución; el resto proponen leyes o medidas nuevas que serían tomadas por el gobierno. Los temas más importantes que se decidirán mañana son el sistema judicial, que podría ser completamente reformado de ganar el Sí, una ley que impedirá que compañías mediáticas o financieras estén ligadas a compañías de sectores aparte de sus respectivos, una que creará un consejo que regulará el contenido de los medios de comunicación en ciertos supuestos, y uno último que podría penalizar el “enriquecimiento privado no justificado”.

Varios de estos temas causan gran preocupación. En primer lugar, se ha acusado de pretender interferir con el Poder Judicial y reformarlo a favor del poder del Ejecutivo. La reforma propuesta, de hacerse efectiva, determinaría el nombramiento de 3 delegados que conformarían una comisión que tomaría todas las funciones del Consejo de la Judicatura (el órgano principal del Poder Judicial ecuatoriano), y por un año y medio ejercerían este poder y podrían reformar el sistema judicial. El miedo, compartido por muchos, es que esto dé más poder al gobierno de Correa, y le permita interferir con el poder judicial e interferir con la separación de poderes.

Lo cierto es que dichos 3 delegados serían nombrados, uno por el presidente, uno por la Asamblea Nacional y otro por la Función de Transparencia y Control Social (una especie de poder autónomo de los otros que cumple funciones de contraloría, regulación de ciertas actividades económicas determinadas “de interés público”, entre otras).  El partido oficialista, además, posee 59 de 124 escaños, y el resto de ellos está sumamente dividido en pequeños grupos, con lo cual lo más probable es que la comisión que tomaría las funciones del Poder Judicial y lo reformaría sería controlada por el partido liderado por Correa. Pero más allá de esto, es un principio elemental de la democracia que los poderes del Estado se mantengan separados e independientes. ¿Es, entonces, aceptable que el principal órgano del Poder Judicial sea depuesto y sus funciones sean asumidas por representantes de los otros poderes? ¿No es algo preocupante, además, que el partido de gobierno controle no solo el Ejecutivo sino también tenga la posición más fuerte en el Legislativo, y ahora tenga una posibilidad de tomar un fuerte control del Judicial?

Sin embargo, este no es el único tema que debe causar preocupación. Otro tema es el de la regulación a los grupos financieros y de medios. En primer lugar, está la postulada prohibición de que estos, sus directores y sus principales accionistas, tengan participación en actividades económicas distintas de el financiamiento y las comunicaciones, respectivamente. La finalidad declarada de esto es evitar el conflicto de intereses. Sin embargo, estoy en desacuerdo con este recorte de las libertades económicas. Además, creo que no solo es absurdo sino que probablemente tenga efectos perjudiciales, ya que determinará que cualquiera que quiera participar económicamente de estas actividades tenga que ser completamente independiente de cualquier otro tipo de actividades, y esto con seguridad creará distorsiones y actúe en detrimento de la prensa y el sistema financiero. Finalmente, esto de seguro determinará la pérdida de control forzosa de personas sobre empresas en las que actualmente participan, a raíz de esta prohibición, lo cual, además, podría funcionar como una maniobra política en contra de los medios que se oponen al gobierno de Correa.

Acompañado a esto está la propuesta de regular el contenido de los medios de comunicación en casos de violencia, contenido sexual explícito, y discriminación mediante un Consejo de Regulación. Además, este tendría la función de “establecer criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”. Para empezar, estoy en desacuerdo con cualquier tipo de censura por contenido, salvo en situaciones excepcionales, como la restricción del contenido sexual en medios públicos a ciertos espacios. La discriminación, por supuesto, es algo que debe ser combatido. Sin embargo, el racismo (por ejemplo) debe ser perseguido por sí mismo y no mediante la regulación previa a los medios. Además de todo esto, conferirle al Estado el poder de regular y limitar los medios de comunicación es un camino peligroso: abre puertas a que, directa o indirectamente, el Estado pueda ejercer control sobre lo que se publica en los medios públicos. Además, la categoría de “discriminación” no tiene por qué entenderse como solamente discriminación racial. ¿Será admisible, de ganar el Sí, que se censure a los medios y se les haga responsable por discriminación cultural, o ideológica, o política? Esta parte del plebiscito también causa preocupaciones, y podría significarle mayor poder al gobierno.

Sin embargo, creo que de todo lo puesto en el referéndum de mañana, quizá lo más preocupante sea la propuesta de incluir en el Código Penal el “enriquecimiento privado no justificado”. Las críticas a ello surgen por varios motivos. En primer lugar, la categoría de “enriquecimiento privado no justificado” es sumamente vaga, y desde un punto de vista del Derecho, podría carecer de mayor contenido. En segundo lugar, y como lo demás que ya ha sido discutido, algo como es una declaración tan vaga y amplia que puede prestarse, con suma facilidad, a abuso por parte del Estado. No queda claro qué es la “justificación” en este caso –si se refiere a la demostración de que el enriquecimiento ha sido legal, o si será usado en términos de justificación social o moral, o algún otro criterio que adopte el Poder Judicial (el cual, a su vez, también se juega el destino en las elecciones de mañana). Con ello, el gobierno podría perseguir a grupos privados mediante el cargo criminal de enriquecimiento no justificado, y abusar de su poder político. Pero finalmente, quiero resaltar que este supuesto delictivo me parece, en su integridad, absurdo y carente de sustento.

El enriquecimiento no es un delito. Existe, y siempre ha existido, el prejuicio de que los ricos son malvados y solo buscan perpetuarse en su posición privilegiada a dispensas de los menos privilegiados, y que está en su interés directo mantenerlos pobres. Sin embargo, esto no pasa de ser un prejuicio, a menudo bastante deplorable. Ser rico no es un delito. Ser poseedor de una empresa que provee bienes o servicios a las personas y querer ganar con eso sustento y dinero no tiene nada de inmoral. Ser exitoso en ello, tampoco. El enriquecimiento no es un delito, y no es siquiera reprochable. Por ello, creo que es completamente absurdo querer tipificar con un delito el enriquecerse “sin justificación”. ¿Cómo puede pretenderse considerar como criminal la pretensión de tener un negocio, hacerlo crecer, tener éxito y ganar dinero, sin presentar para ello una “justificación” ante el Estado solo por el hecho de haberlo logrado? ¿Cómo puede quererse exigir a las personas presentar una justificación al Estado por el hecho de enriquecerse?

Más allá de todo lo anterior, hay muchos aspectos que son sumamente criticables con respecto al referéndum ecuatoriano de mañana. Por un lado, me parece cuestionable que se estén sometiendo a la voluntad asuntos técnicos sobre los cuales difícilmente la población del país tenga criterios sólidos para decidir. Por ejemplo, una de las preguntas es “con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves (…)”. Cuestiones técnicas como la política penitenciaria no deberían, así, dejarse a decisión a la opinión pública. Además, las preguntas que el gobierno formuló para ser colocadas como referéndum pueden tener fuertes sesgos a favor del sí. Por ejemplo, una propuesta que pretende hacer obligatoria la afiliación a la seguridad social, decía: “con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?”. Anteponer justificaciones valorativas como “con la finalidad de evitar la explotación laboral”, me parece, guía hacia que las personas vean en las propuestas una iniciativa positiva, y favorece al Sí apoyado por el gobierno. Esta fórmula es constante en todas las preguntas del referéndum.

Ecuador se juega mañana aspectos importantes de su futuro. Hemos visto cómo, sucesivamente, países como Venezuela y otros países del ALBA se han deslizado hacia el autoritarismo y la dictadura de facto por medio de maniobras políticas y concentración de poder en el presidente. Ante ello, creo que lo único que puede hacer el país es votar con una decisión sensata y defensora de las condiciones políticas necesarias para que exista verdadera democracia y libertad. Una elección equivocada, mañana, puede tener un gran costo; estamos, pues, a pocas horas del amanecer de un día que puede significar un quiebre peligroso.

Escrito por Manuel Ferreyros

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