Especiales

“Ética versus izquierda, centro y derecha” por Jorge Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú

Hay políticos a los que les encanta dividir el mundo en blanco y negro; izquierda, centro y derecha. Para el marxismo vergonzante combatir el despilfarro de recursos del Estado es ser de derecha y fomentar el engorde del Estado metiéndole cada vez más la mano al bolsillo del ciudadano es ser de centro, o centro izquierda, porque ante el descrédito absoluto del comunismo mundial sienten vergüenza definirse como de izquierda, a secas.

Desde la trinchera opuesta, el mercantilismo disfrazado de liberalismo, vende el mensaje de no intervensionismo estatal, pero sólo en el sentido de ‘no se metan con mis intereses ni con mi capacidad de abusar de mi posición de dominio’, con el prurito de que asignar al Estado un rol regulador y promotor del desarrollo es ser populista.

Ambos extremos tratan de solaparse tras el apelativo ‘centro’, ‘centro izquierda’ o ‘centro derecha’; no por convicción ideológica, sino por puro y simple cálculo electoral, ante la evidencia que dan las encuestas del descrédito público de ambas alas.

Sin embargo, el estatismo y el antiestatismo suelen ser, en la práctica, dos caras de una misma moneda. El estatista, cuando detenta el poder, se asocia al antiestatista en relaciones rentistas; para qué pelearnos si mi engorde no se contrapone a tu propio engorde, sino a todos los demás.

Por ello, mucho más relevante que dividir el mundo en izquierda y derecha, es atravesarlo horizontalmente por un eje ético. Este eje proyectado como rayo laser, nos colocará a favor de reducir la burocracia en la medida que sea parasitaria y no aporte valor a la sociedad, para liberar recursos que permitan fortalecer la capacidad del Estado de conjugar su rol promotor de oportunidades para el desarrollo humano, con su rol de árbitro y regulador tendiente a evitar el abuso monopolista.

Promover oportunidades es impulsar la generación de capacidades para el ejercicio pleno de las libertades económicas, sociales y políticas de todos. Es decir, la promoción de la capacidad de ser libres en el sentido más amplio posible. Resulta contradictorio que mientras la libertad concebida como proyección de la acción individual hacia los demás sea antitética a la intervención del Estado, la consecución del más amplio abanico de libertades para las grandes mayorías sea imposible sin dicha intervención. De allí que sea necesario un consenso y un poder público depositario de él para establecer un ejercicio igualitario de las libertades económicas, sociales y políticas.

Por Jorge Chávez Álvarez
Economista, Ex Presidente del Banco Central de Reservas del Perú
Presidente Ejecutivo de Consultora MAXIMIXE

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ESPECIAL: Código de consumo y Constitución por Enrique Cavero Safra

Estudio Hernandez Abogados

El artículo 66.7 de la ley 29571 establecía que los consumidores del servicio de transporte nacional podían endosar o transferir la titularidad de sus pasajes o postergar la realización del servicio en las condiciones originales.

Ello no sólo traía múltiples inconvenientes, pues eliminaba la capacidad de maniobra que debe tener el proveedor para diseñar ofertas, promociones y ofrecer productos diferenciados en beneficio del consumidor. Además, era inconstitucional, porque obligaba a que los pasajes tuvieran necesariamente atributos que no son esenciales al producto (como el ser reembolsable o de validez indefinida) que en algunos casos traen serios inconvenientes prácticos (como el ser endosables) y que tienen un costo significativo. Así, se obligaba al consumidor a adquirir un producto con uno o más atributos que quizás no necesitaba ni quería. Si el consumidor hubiera preferido el producto sin el atributo, pero a menor precio, no lo hubiera podido adquirir porque la ley no lo permitía. Eso es inconstitucional, porque le quita opciones y alternativas al consumidor haciendo que el Estado decida en su lugar.

La protección al consumidor, definida tanto por la Constitución (artículo 65) como por toda la doctrina moderna, debe garantizar que el consumidor reciba información idónea, suficiente y oportuna para que pueda tomar –por sí mismo- decisiones óptimas respecto a lo que más le conviene. Para poder decidir, es necesario que el consumidor tenga alternativas y opciones. Asimismo, en una economía social de mercado (Constitución, art. 58) son los agentes económicos –y fundamentalmente los consumidores– no el Estado, quienes toman las decisiones. El sistema de protección al consumidor en una economía de mercado no es nunca un mecanismo para que el Estado tome decisiones de consumo en reemplazo del consumidor.

El decreto de urgencia 061-2010 resuelve el problema (aunque todavía puede discutirse si su artículo 2.2. garantiza la existencia de alternativas). Se ha cuestionado si la forma de hacerlo ha sido adecuada y si un decreto de urgencia está legitimado en las circunstancias. En realidad, lo mejor y más correcto hubiera sido que el ejecutivo no promulgue la norma (lo cual hizo 3 días antes) y que observara la parte pertinente (no entendemos por qué no lo hizo). Aclarado ello, hagamos un ejercicio de análisis ex post facto, partiendo de la situación que la norma ya fue promulgada y entrará en vigencia en menos de un mes, que es inconstitucional (lo cual ya en principio debe ser rechazado por el ordenamiento) y que va a generar una serie de problemas en el mercado.

¿Podía hacer algo el ejecutivo dentro del marco constitucional al percatarse del tema? Las opciones eran 1) Solucionar el problema vía reglamento e interpretar la norma de modo que no implique su inconstitucionalidad, pero contrariamente a su sentido literal. Ello resultaría tan o más discutible, pues se estaría modificando una ley vía decreto supremo; 2) Obtener que el Congreso apruebe una Ley modificatoria en menos de un mes. Sería prácticamente imposible. Una iniciativa de ese tipo tardaría mucho más y no hay tiempo para eso. El tema es, por lo tanto, urgente; 3) Modificar la norma vía decreto de urgencia y, como estos decretos son con cargo a dar cuenta al Congreso, dejar que, en todo caso, el Congreso vea nuevamente el fondo del tema, tan pronto como sea posible; 4) No hacer nada y dejar que la norma inconstitucional y problemática entre en vigencia.

Usted decida por sí mismo cuál es el mecanismo constitucional más adecuado en las circunstancias. De eso se trata el análisis de constitucionalidad. Yo no voy a decidir por usted porque estamos en una economía de mercado.

Por Enrique Cavero Safra
Especialista en Derecho de la competencia y la Propiedad intelectual
Estudio Hernandez Abogados

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