No es la política, son los políticos

Por Alejandro Cavero Alva

El tribunal constitucional es un órgano que tiene una doble naturaleza. Por un lado es un órgano evidentemente jurídico, pero al mismo tiempo, al ser un órgano cuya legitimidad y cuyo nombramiento proviene del parlamento, es también político. La finalidad del TC es velar por la defensa de la constitución y el estado de derecho, y en este sentido, debe imponer un orden constitucional en donde la constitución sea una norma jurídica eficaz (objetiva y subjetivamente) y no tan solo una mera declaración de principios. ¿Cómo? Aplicando el Derecho constitucional a casos concretos. Y como esta labor es meramente interpretativa, y ésta interpretación se realiza a una norma (constitución) cuyo carácter también es dual, no se puede dejar de lado que los fallos del tribunal tienen (y no pueden no tener) un carácter político.

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Todo fallo sobre derechos fundamentales (llamémosle vida, libertad, dignidad, etc.) tendrá siempre un componente proveniente de la cosmovisión de cada magistrado y no podrán derivarse taxativamente de la norma, son por tanto, creadores de derecho. Y ello no es malo, no es malo que el TC sea un órgano político, en tanto ello sirve para legitimar sus fallos. El tribunal tiene en sus fallos, pues, una legitimidad política indirecta proveniente del parlamento, necesaria para que sus fallos no sean burbujas ajenas a la realidad social, sin la cual el derecho es letra muerta. Y sin la cual no seria viable interpretar (hasta cierto punto) a manera discrecional el contenido de la carta magna de nuestro país.

En las últimas semanas se han alzado voces reclamando un TC absolutamente tecnocrático (como la del mismo presidente Ollanta Humala), hasta llamémosle positivista, sin ver que eso lo único que crearía es un TC imposibilitado de fallar (pues la constitución es una norma que no se puede entender ni aplicar sin interpretarla) y además crearía un consejo de “súper-hombres” sin legitimidad de ningún tipo para sus fallos. Una burbuja de perfección jurídica deslegitimada e intentando analizar procesos (en última y definitiva instancia además) solo con un elemento (el jurídico) una norma que es por naturaleza de carácter dual (jurídico-política).

Es por ello, que en nuestra opinión, el problema que se ha presentado con la reciente “repartija” en el Tribunal Constitucional, no es un problema que provenga de la naturaleza de este organismo, sino que echa raíces en un aspecto más complejo que éste: nuestro propio sistema político. Miremos, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, un órgano sin duda político, pero cuyos integrantes son de una talla profesional, personal y académica intachable. El problema no es la legitimidad política indirecta (como la que pueden tener los ministros de estado) que les otorga el parlamento a los magistrados, el problema se encuentra cuando en este parlamento (precisamente por un deficiente sistema de partido que llevó a cualquier incapaz al congreso), otorgan los cargos de magistrados a sus amigos o aliados políticos (además sin ningún mérito particular). Es igual que cuando el Presidente escoge mal sus ministros, no es culpa de la institución ministerial (que es también un cargo técnico pero al mismo tiempo político) sino es culpa del presidente que no tiene un partido sólido con cuadros preparados para llevar a los ministerios (o por lo menos se rodea de gente capaz). Claro, sin duda, que no hablamos de todos los (ahora) ex candidatos, sino solo de los que fueron cuestionados. 

La solución no es pensar en cambiar el sistema de elección a un consejo de “súper-hombres”, sino otorgarle la legitimidad popular a parlamentarios más honestos y preparados para que luego estos nombren a hombres probos que permitan un desarrollo constitucional óptimo. La raíz es mucho más profunda, y no debemos corrernos de ella proponiendo soluciones momentáneas, sino ir al fondo del asunto y tomar conciencia como ciudadanos de que, luego de tanto tiempo de desarrollo económico, nos toca ahora la etapa de un verdadero desarrollo político. Y ello, sin duda, comienza por cada uno de nosotros tomando más enserio nuestro ejercicio ciudadano. 

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