Al Alba del Quiebre

Mañana, 7 de Mayo, los ecuatorianos deberán ejercer su voto y tomar una decisión respecto de una consulta popular, impulsada por el gobierno del presidente Correa. Las últimas encuestas indican que lo más probable es que gane el Sí, lo cual constituiría una gran victoria para el gobierno de Correa. Sin embargo, no es poco lo que está en juego con el plebiscito ecuatoriano.

El referéndum en cuestión consiste en 10 preguntas. 5 de ellas buscan reformar la constitución; el resto proponen leyes o medidas nuevas que serían tomadas por el gobierno. Los temas más importantes que se decidirán mañana son el sistema judicial, que podría ser completamente reformado de ganar el Sí, una ley que impedirá que compañías mediáticas o financieras estén ligadas a compañías de sectores aparte de sus respectivos, una que creará un consejo que regulará el contenido de los medios de comunicación en ciertos supuestos, y uno último que podría penalizar el “enriquecimiento privado no justificado”.

Varios de estos temas causan gran preocupación. En primer lugar, se ha acusado de pretender interferir con el Poder Judicial y reformarlo a favor del poder del Ejecutivo. La reforma propuesta, de hacerse efectiva, determinaría el nombramiento de 3 delegados que conformarían una comisión que tomaría todas las funciones del Consejo de la Judicatura (el órgano principal del Poder Judicial ecuatoriano), y por un año y medio ejercerían este poder y podrían reformar el sistema judicial. El miedo, compartido por muchos, es que esto dé más poder al gobierno de Correa, y le permita interferir con el poder judicial e interferir con la separación de poderes.

Lo cierto es que dichos 3 delegados serían nombrados, uno por el presidente, uno por la Asamblea Nacional y otro por la Función de Transparencia y Control Social (una especie de poder autónomo de los otros que cumple funciones de contraloría, regulación de ciertas actividades económicas determinadas “de interés público”, entre otras).  El partido oficialista, además, posee 59 de 124 escaños, y el resto de ellos está sumamente dividido en pequeños grupos, con lo cual lo más probable es que la comisión que tomaría las funciones del Poder Judicial y lo reformaría sería controlada por el partido liderado por Correa. Pero más allá de esto, es un principio elemental de la democracia que los poderes del Estado se mantengan separados e independientes. ¿Es, entonces, aceptable que el principal órgano del Poder Judicial sea depuesto y sus funciones sean asumidas por representantes de los otros poderes? ¿No es algo preocupante, además, que el partido de gobierno controle no solo el Ejecutivo sino también tenga la posición más fuerte en el Legislativo, y ahora tenga una posibilidad de tomar un fuerte control del Judicial?

Sin embargo, este no es el único tema que debe causar preocupación. Otro tema es el de la regulación a los grupos financieros y de medios. En primer lugar, está la postulada prohibición de que estos, sus directores y sus principales accionistas, tengan participación en actividades económicas distintas de el financiamiento y las comunicaciones, respectivamente. La finalidad declarada de esto es evitar el conflicto de intereses. Sin embargo, estoy en desacuerdo con este recorte de las libertades económicas. Además, creo que no solo es absurdo sino que probablemente tenga efectos perjudiciales, ya que determinará que cualquiera que quiera participar económicamente de estas actividades tenga que ser completamente independiente de cualquier otro tipo de actividades, y esto con seguridad creará distorsiones y actúe en detrimento de la prensa y el sistema financiero. Finalmente, esto de seguro determinará la pérdida de control forzosa de personas sobre empresas en las que actualmente participan, a raíz de esta prohibición, lo cual, además, podría funcionar como una maniobra política en contra de los medios que se oponen al gobierno de Correa.

Acompañado a esto está la propuesta de regular el contenido de los medios de comunicación en casos de violencia, contenido sexual explícito, y discriminación mediante un Consejo de Regulación. Además, este tendría la función de “establecer criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”. Para empezar, estoy en desacuerdo con cualquier tipo de censura por contenido, salvo en situaciones excepcionales, como la restricción del contenido sexual en medios públicos a ciertos espacios. La discriminación, por supuesto, es algo que debe ser combatido. Sin embargo, el racismo (por ejemplo) debe ser perseguido por sí mismo y no mediante la regulación previa a los medios. Además de todo esto, conferirle al Estado el poder de regular y limitar los medios de comunicación es un camino peligroso: abre puertas a que, directa o indirectamente, el Estado pueda ejercer control sobre lo que se publica en los medios públicos. Además, la categoría de “discriminación” no tiene por qué entenderse como solamente discriminación racial. ¿Será admisible, de ganar el Sí, que se censure a los medios y se les haga responsable por discriminación cultural, o ideológica, o política? Esta parte del plebiscito también causa preocupaciones, y podría significarle mayor poder al gobierno.

Sin embargo, creo que de todo lo puesto en el referéndum de mañana, quizá lo más preocupante sea la propuesta de incluir en el Código Penal el “enriquecimiento privado no justificado”. Las críticas a ello surgen por varios motivos. En primer lugar, la categoría de “enriquecimiento privado no justificado” es sumamente vaga, y desde un punto de vista del Derecho, podría carecer de mayor contenido. En segundo lugar, y como lo demás que ya ha sido discutido, algo como es una declaración tan vaga y amplia que puede prestarse, con suma facilidad, a abuso por parte del Estado. No queda claro qué es la “justificación” en este caso –si se refiere a la demostración de que el enriquecimiento ha sido legal, o si será usado en términos de justificación social o moral, o algún otro criterio que adopte el Poder Judicial (el cual, a su vez, también se juega el destino en las elecciones de mañana). Con ello, el gobierno podría perseguir a grupos privados mediante el cargo criminal de enriquecimiento no justificado, y abusar de su poder político. Pero finalmente, quiero resaltar que este supuesto delictivo me parece, en su integridad, absurdo y carente de sustento.

El enriquecimiento no es un delito. Existe, y siempre ha existido, el prejuicio de que los ricos son malvados y solo buscan perpetuarse en su posición privilegiada a dispensas de los menos privilegiados, y que está en su interés directo mantenerlos pobres. Sin embargo, esto no pasa de ser un prejuicio, a menudo bastante deplorable. Ser rico no es un delito. Ser poseedor de una empresa que provee bienes o servicios a las personas y querer ganar con eso sustento y dinero no tiene nada de inmoral. Ser exitoso en ello, tampoco. El enriquecimiento no es un delito, y no es siquiera reprochable. Por ello, creo que es completamente absurdo querer tipificar con un delito el enriquecerse “sin justificación”. ¿Cómo puede pretenderse considerar como criminal la pretensión de tener un negocio, hacerlo crecer, tener éxito y ganar dinero, sin presentar para ello una “justificación” ante el Estado solo por el hecho de haberlo logrado? ¿Cómo puede quererse exigir a las personas presentar una justificación al Estado por el hecho de enriquecerse?

Más allá de todo lo anterior, hay muchos aspectos que son sumamente criticables con respecto al referéndum ecuatoriano de mañana. Por un lado, me parece cuestionable que se estén sometiendo a la voluntad asuntos técnicos sobre los cuales difícilmente la población del país tenga criterios sólidos para decidir. Por ejemplo, una de las preguntas es “con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves (…)”. Cuestiones técnicas como la política penitenciaria no deberían, así, dejarse a decisión a la opinión pública. Además, las preguntas que el gobierno formuló para ser colocadas como referéndum pueden tener fuertes sesgos a favor del sí. Por ejemplo, una propuesta que pretende hacer obligatoria la afiliación a la seguridad social, decía: “con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?”. Anteponer justificaciones valorativas como “con la finalidad de evitar la explotación laboral”, me parece, guía hacia que las personas vean en las propuestas una iniciativa positiva, y favorece al Sí apoyado por el gobierno. Esta fórmula es constante en todas las preguntas del referéndum.

Ecuador se juega mañana aspectos importantes de su futuro. Hemos visto cómo, sucesivamente, países como Venezuela y otros países del ALBA se han deslizado hacia el autoritarismo y la dictadura de facto por medio de maniobras políticas y concentración de poder en el presidente. Ante ello, creo que lo único que puede hacer el país es votar con una decisión sensata y defensora de las condiciones políticas necesarias para que exista verdadera democracia y libertad. Una elección equivocada, mañana, puede tener un gran costo; estamos, pues, a pocas horas del amanecer de un día que puede significar un quiebre peligroso.

Escrito por Manuel Ferreyros

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