El robo más grande de la historia del Perú

A lo largo de la historia del Perú nuestros gobernantes no se han distinguido, particularmente, por su rectitud moral. Algunos, como Nicolás de Piérola, eran verdaderos bandoleros que no les importaba cometer diversos actos de vandalismo para llegar al poder. Otros, como los generales Odría y Velasco, ejercían como auténticos dictadores que gobernaban con mano de hierro y atemorizaban sistemáticamente todo tipo de oposición. Además, a lo largo de nuestra historia republicana, han proliferado numerosísimos actos de corrupción: contratos fraudulentos, compras de armas sobrevaluadas, concesiones mercantilistas y privatizaciones monopólicas son todas estrategias clásicas en el repertorio gubernamental. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de los peruanos ha aprendido a tolerar estos delitos principalmente porque no le afectan de manera directa. Cuando un corrupto dentro del aparato estatal malversa los fondos públicos o extorsiona a personajes del sector empresarial la población suele reaccionar pasivamente porque, después de todo, una buena parte de los ciudadanos prefiere ignorar estos delitos siempre y cuando se siga “haciendo obra”. Sin embargo, destaca en la historia del Perú un caso particular de corrupción por su ambiciosa magnitud aunque también por la manera enérgica en la cual los peruanos de a pie se organizaron de manera espontánea para oponer resistencia. Naturalmente, me refiero a un caso excepcional y no a una jugarreta más de nuestros cleptócratas; sin lugar a dudas este incidente equivale al robo más grande jamás planificado en la historia del Perú.

Regresemos al año 1987. En ese momento, la altísima popularidad del joven presidente Alan García se había desvanecido casi por completo. Ante la salvaje ofensiva militar de Sendero Luminoso y en el contexto de torpísimas políticas económicas (en ese momento el APRA congeló los precios y también los tipos de cambio) el carisma personal de jefe de estado nuestro jefe de estado parecía servirle de muy poco. Por ello, es que con el claro fin de revertir su impopularidad García anunció, en el tradicional mensaje a la nación del 28 de Julio y contra el consejo de algunos de sus asesores, su intención de estatizar la banca. En realidad, los argumentos que utilizó en aquella ocasión no eran poco convincentes. Sostuvo éste que dado a que los bancos privados no otorgaban suficientes créditos a la pequeña empresa el estado debía intervenirlos para brindarle préstamos sumamente baratos a este sector. Sin embargo, pareciera que García olvidó que el dinero depositado en los bancos pertenecía a ciudadanos peruanos muchos de los cuales lo habían ganado con muchísimo esfuerzo y dificultad. Naturalmente, prestar los ahorros ajenos mediante operaciones de alto riesgo motivadas más por cálculo político que por consideraciones técnicas era algo desmedidamente intrépido. Sin embargo, podía esgrimirse un argumento aún más contundente para criticar la estatización de la banca: si es que esta llegaba a producirse los ahorristas no tenían garantía alguna de que el presidente cumpliera realmente su promesa y no hiciera con sus fondos cualquier otra cosa. Inevitablemente, los peruanos se dieron cuenta que abalar esta medida era como firmar un cheque en blanco a favor de “caballo loco”.

Las protestas que sacudieron el país a raíz de esta propuesta fueron suficientes para que el gobierno se echase para atrás y abortase sus pretensiones. Además, en este contexto adquirieron preeminencia política tanto Mario Vargas Llosa como Hernando de Soto. Si bien estas dos personas pronto se distanciaron por diferencias de tipo personal ambos fraguaron un cambio radical en el discurso concerniente a las políticas públicas en el país. Pronto, se reconoció la necesidad de formalizar a aquellos que laboraban al margen de la ley para integrarlos de manera más constructiva a la economía de mercado. Además, se admitió la importancia de recortar substancialmente la extensión del sector público que derrochaba cantidades ingentes de dinero y ostentaba un poder discrecional muy grande. Asimismo, cobró favor nuevamente la ortodoxia económica que abogaba por el libre comercio de tal manera que la competencia le permitiese al consumidor comprar productos de mayor calidad a precios más bajos. A pesar de que el FREDEMO fue derrotado electoralmente en 1990, a nivel programático obtuvo una gran victoria en tanto desmanteló al estado inspirado en la CEPAL y corrió el eje del debate político desde el estatismo hasta algo parecido al liberalismo aunque tímido e implementado de manera incompleta. Ahora bien, es preciso reconocer que el lapso de tiempo transcurrido entre 1990 y el día de hoy no ha sido perfecto para el Perú. En esa etapa ha habido escándalos de corrupción notorios y matices desagradables de autoritarismo. Sin embargo, también es evidente que, a lo largo de esos años, el progreso ha sido tal que, por primera vez en nuestra historia, se puede hablar de una situación en la cual hay más peruanos de clase media que peruanos pobres.

No obstante, el camino que desemboca en el primer mundo no es gratis ni puede darse por sentado. En nuestro país existen empresarios mercantilistas que añoran los privilegios que les concedía el estado antes de 1990. También hay militares que recuerdan con nostalgia el poder discrecional y sin restricciones que se ejerció durante el Velascato. Asimismo, y lamentablemente, existen muchísimas personas que se dejan seducir por la promesa del asistencialismo. Las fuerzas que conspiraron para organizar el robo más grande de la historia del Perú siguen aquí y quieren regresar al poder. Hoy, más que nunca, aquellos que valoran la libertad del individuo deben estar conscientes que su costo es la eterna vigilancia.

Artículo por Lucas Ghersi Murillo

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