ESPECIAL: Un distrito-provincia, una universidad dentro de otra y un presidente poco concienzudo

En el marco de la presente coyuntura electoral, una noticia que debería haber causado más atención pasó un tanto desapercibida. El pasado 29 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa del presidente Alan García para convertir a San Juan de Lurigancho en una “provincia especial”, denominación que, por cierto, no está contemplada en nuestra Constitución y que atenta contra la Ley 27795 sobre la Demarcación y Organización Territorial, la cual señala, en términos generales, que temporalmente queda suspendida la creación de nuevas provincias y distritos a menos que resulte indispensable y se encuentre dentro de un ordenamiento político-administrativo adecuado.

Esto último nos lleva  a pensar en cuán relevante y viable sería convertir a este distrito en una provincia. Es cierto que su población se acerca al millón de habitantes,  que es el más “populoso” de nuestro país y que parece que sus pobladores están de acuerdo, pero vayamos más allá. Lima se ha urbanizado, tal como afirma José Matos Mar, de una manera que es comparable a una estrella, pues existe una zona céntrica y varias zonas periféricas, cada una con un núcleo económico y comercial que funciona prácticamente independiente de los demás. San Juan de Lurigancho sería una de las “puntas”, que se encuentra en la zona nororiental de la capital, y es un distrito que, si bien emprendedor, aún tiene varios problemas que resolver, como su urbanización desordenada y sus altos índices de delincuencia. Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante los gobiernos de varios alcaldes, ha desarrollado diversos proyectos de carácter global para enfrentar estos problemas que no solo involucran este distrito, sino la capital en su totalidad. Desprender a San Juan de Lurigancho –por el momento- de la jurisdicción de la MML resulta inviable pues rompería con el orden necesario para poder enfrentar los problemas capitalinos, y se convertiría en una “isla” dentro de todo el territorio. Además, este proyecto implicaría problemas con la asignación del presupuesto que recibirían ambas municipalidades como con los servicios e infraestructura que se deben ofrecer. Queda, pues, pendiente, la tarea del diálogo entre el alcalde de SJL y Susana Villarán para encontrarle solución a esta disyuntiva (parece que el presidente no había pensado en eso).

Por otro lado, también me gustaría hacer un breve comentario sobre la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho. Actualmente, tenemos más de 92 universidades a nivel nacional gracias a la CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de funcionamiento de Universidades), la cual tiene como funciones el autorizar la creación de nuevas universidades y garantizar el buen funcionamiento de las mismas. Esto último deviene en un dilema. Es cierto que todos los jóvenes peruanos merecemos el acceso a la educación superior, pero la solución a esta falta ciertamente no es crear nuevas universidades, sino optimizar el funcionamiento de las que ya tenemos: queremos calidad en la enseñanza, no cantidad. Al inaugurar nuevas universidades sin la certeza de tener buenos catedráticos, ni infraestructura, ni fondos para la investigación, lo único que el Estado está haciendo es condenar a los futuros estudiantes a la mediocridad en su aprendizaje, situación que, lamentablemente, ya podemos ver en muchos egresados a nivel nacional. Por tanto, lo adecuado sería primero invertir en el mejoramiento de la infraestructura de nuestras actuales universidades y aumentar fondos para la investigación, tanto para el docente como para el estudiante, dotar de mejores bibliotecas y recurso electrónicos, etc., para después pensar en crear universidades nuevas. Cabe resaltar que, para la construcción de la UNTSJL, se ha pensado en utilizar un espacio que actualmente ocupa la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). De esta manera, la nueva casa de estudios le estaría quitando espacio a otra que actualmente está funcionando.

Es importante, después de los dos puntos antes mencionados, preguntarse  sobre el porqué de estas “decisiones” tan apresuradas y poco concienzudas, que, al final, no benefician a nadie, sino que, por el contrario, terminarán por convencer al ciudadano de que, en esencia, su calidad de vida en realidad al Estado le tiene sin cuidado.

Por Alejandra Navarro

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