El Perú llegó al umbral de la década de los 70 completamente sedimentado, con distancias inmensas entre las poblaciones urbanas y modernas de la costa, y las comunidades campesinas atascadas y tradicionales en la sierra. Lima había entrado hacía mucho tiempo a la modernidad, y estaba en buena cuenta encaminada hacia el desarrollo económico. Sin embargo, grandes áreas de la sierra vivían, al parecer, en un universo completamente distinto, donde la pobreza no era una coyuntura sino una forma permanente de existencia. Los Andes habían pasado a ser, pues, una especie de joroba que pesaba sobre el resto del país, y que había permanecido completamente al margen del desarrollo que se había logrado en alguna medida en el resto del Perú.
El 3 de octubre de 1968 se dio un suceso político que afectaría la historia de nuestro país en un grado incalculable. Tras varios años de un gobierno endeble, debilitado por la oposición política, por Fernando Belaúnde Terry, el general Velasco Alvarado tomó el poder en un golpe sin sangre. Esto daría pie a lo que se conocería como la Revolución de las Fuerzas Armadas, y con esto, un proceso de reforma que cambiaría el rostro de las regiones rurales de los Andes: la Reforma Agraria.
Sin embargo, como es bien sabido y observable hoy en día, la Reforma Agraria fue un fracaso. La terrible pobreza que se pretendió erradicar mediante la instauración de un modelo radicalmente distinto al que existía prevaleció, y hoy en día no hay rastro de las grandes reformas que cambiaron totalmente la explotación agrícola durante los setentas. Si bien las empresas asociativas que nacieron con estas reformas tuvieron algún grado de éxito en la costa norte, en la sierra sur no produjeron ningún resultado, y dejó a los campesinos más pobres del país en una situación en poco superior a la que tenían dos décadas antes, cuando todo empezó. Hoy, los andes del sur del Perú siguen siendo la región más empobrecida de nuestro país. La llamada Revolución de las Fuerzas Armadas, pues, no logró sacar esta parte del país del letargo que siempre ha sufrido.
Entonces existían dos grandes formas de explotación agrícola en la sierra del sur. Estaban, por un lado, las grandes haciendas que le pertenecían a hacendados ricos, de raza mestiza. Salvo en casos de haciendas que habían iniciado alguna transición hacia formas capitalistas de explotación, que hacían uso de tecnología y capital, eran trabajadas por métodos rudimentarios y tradicionales. Estas dependían de la mano de obra de los campesinos locales a cambio de pago o, en la mayoría de los casos, a cambio del acceso a parcelas para el cultivo o pastos para la ganadería. Cuando se daban, los pagos eran míseros, y el préstamo de parcelas para el cultivo propio nunca era suficiente para superar el nivel de subsistencia. Así pues, el abuso laboral por parte de los hacendados y la condición de pobreza de los campesinos era rampante, y se habían formado relaciones de servilismo entre las élites y los campesinos desfavorecidos.
El minifundismo era la otra cara de la moneda. Este consistía en pequeñas parcelas fragmentadas, que eran empleadas para la agricultura de subsistencia. Estas tierras eran explotadas mediante métodos tradicionales y poco eficientes que se habían mantenido desde hacía muchos años. Una serie de factores había, a lo largo de los años, llevado a que las parcelas fueran cada vez más pequeñas. El crecimiento de la población y el sistema de herencia según el cual la tierra era dividida entre los hijos tras la muerte del contribuían a la creciente presión demográfica sobre la tierra. Por último, la expansión a lo largo del tiempo de las haciendas sobre la tierra terminaba de determinar la escasez de esta, ya que pocos terrenos eran dejados para las comunidades mismas.
La Reforma Agraria se concretó en dos formas de empresa asociativa: las CAP (Cooperativas Agrarias de Producción) y las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social). Estas eran agrupaciones grandes de tierra que formaban unidades indivisibles de explotación comunitaria, en la cual las tierras, ganado, instalaciones, etc. eran propiedad de la empresa asociativa, y no repartidas entre los trabajadores, que funcionaban simultáneamente como socios.
Estas empresas asociativas, sin embargo, tuvieron múltiples fallas en su diseño. Hubo grandes problemas en cuanto a los incentivos: los trabajadores, por una parte, eran asalariados que demandaban una mayor distribución de los ingresos que producía la empresa, en beneficio propio; por otra, eran los que debían encargarse de que estos ingresos se invirtieran en capital, en beneficio de la empresa asociativa. La calidad asociativa de estas era artificial, y por tanto se generaron conflictos de interés entre los socios de las empresas que dificultaron su funcionamiento. Así, no hubo una efectiva dirección empresarial de las empresas asociativas, que debía darse mediante la participación de los socios en asambleas y comités. Asimismo, el estado ejerció un control importante sobre ellas, de modo que la supuesta democratización de la producción no pasó del lado formal.
El Centro de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (CENCIRA) fue creado para capacitar el sector campesino y los funcionarios y técnicos que trabajaban en las empresas asociativas. Los problemas de gestión se deberían, en teoría, haber prevenido mediante capacitación y asesoría técnica por este organismo. Sin embargo, CENCIRA no contó con el personal o el presupuesto suficiente para llevar a cabo su tarea eficazmente. Además, los campesinos chocaron con los técnicos, pues estos venían de una situación económica más alta, y por tanto había conflictos enraizados en el status social. Esto fue causa de que los técnicos no llevaran a cabo bien su labor. Por lo mismo, muchos se trasladaron a otros sectores cuando eran necesarios para la RA, en especial en esos primeros momentos. A esta falta de técnicos se sumó la falta de competencia de muchos de los que sí estaban disponibles.
Hubo otras fallas en el planeamiento de las empresas asociativas. Por ejemplo, pretendiendo aumentar la efectividad de las cooperativas mediante economías de escala, y por motivos de imagen y propaganda política, a menudo se construyeron de proporciones gigantescas. Ese fue el caso de la cooperativa Túpac Amaru II, que acabó abarcando 35, 000 Ha en la pampa de Anta, en Cusco. Sin embargo, lo que se logró fue todo lo contrario. Se crearon situaciones de caos administrativo terrible, problemas de gestión, indisciplina laboral, sobreproducción y falta de pago a los trabajadores. El caso de la cooperativa Túpac Amaru II puede haber sido el caso más exagerado de la ineficiencia y las fallas en la ejecución y planeamiento de la Reforma Agraria, pero por esto sirve para ejemplificar cuales fueron las fallas que resultaron en la ineficacia de estas medidas.
Por otro lado, el gobierno militar demostró una marcada falta de congruencia en su política agraria. Mientras que las empresas asociativas tenían problemas para salir adelante, el gobierno subsidiaba la importación de alimentos para suministrar las poblaciones urbanas. Esto dificultó aún más que tuvieran éxito, pues redujo la demanda y las volvió poco competitivas. Paralelamente, las cooperativas no tenían un acceso real a crédito. El crédito privado estaba fuera de su alcance por dos motivos: primero, para este era necesaria una garantía, pero legalmente no estaba permitido poner la tierra agrícola como garantía para evitar la apropiación de la tierra por privados. Segundo, no se tenían títulos de propiedad sobre las tierras para poder pedir préstamos. El crédito público dado a través del Banco Agrario, por otro lado, era crédito de avío subsidiado, que no ponía condiciones en cuanto al incremento de la producción, y por ende no sirvió para superar la agricultura de subsistencia.
Finalmente, otro factor que acabó de definir el fracaso de la RA fue las malas épocas que tuvo que enfrentar. Cuando acaba el régimen del general Velasco, y Morales Bermúdez sube al poder, el Perú entraba en una severa crisis económica, con graves índices de inflación. Estos determinaban que la demanda interna bajaba, lo cual perjudicaba a la agricultura. Además, la actividad agropecuaria en si también entró en crisis: su participación en el PBI bajaba, y los saldos en la balanza comercial eran negativos (por las importaciones subsidiadas). Esta crisis económica presentó un ambiente arduo para las empresas asociativas, lo cual sumado a todas las dificultades ya descritas, no permitió que estas funcionaran con éxito.
En los años siguientes a la Reforma Agraria, las empresas asociativas vieron un proceso de estancamiento y luego desestructuración. El crecimiento poblacional se sostuvo, y el déficit de tierra de cultivo siguió aumentando. Eventualmente, estas empresas comenzaron a verse deshechas ante la demanda por tierra de las comunidades campesinas y sus propios socios que no veían en el modelo una forma viable de desarrollo económico. El gobierno de Belaúnde comenzó el proceso de desmantelamiento de la Reforma Agraria por parte del estado con el Decreto Legislativo 02, que legalizó y definió la parcelación de las tierras de las empresas asociativas. Luego, el primer gobierno de García ordenó la reestructuración de estas a favor de las comunidades campesinas. Finalmente, Fujimori acabó por completo con la figura de la empresa asociativa, lo cual marcó el final de las medidas impuestas por el gobierno militar.
Como resultado de esto, la Reforma Agraria en la sierra sur del Perú fue, en casi todos los aspectos, un fracaso. Hoy vemos que la explotación asociativa no es prominente y ha desaparecido casi por completo. La gran explotación privada ha surgido de nuevo a lo largo del país y en gran escala. Sin embargo, la Reforma Agraria logró erradicar las haciendas explotadoras que significaban relaciones de servilismo entre los hacendados y campesinos. Asimismo, en alguna medida la Reforma Agraria logró acercar económicamente a poblaciones que antes habían estado completamente aisladas. Esta logró que se conectaran económicamente, mediante las empresas asociativas, con el resto del país. De cualquier forma, la Reforma Agraria en el sur de la sierra peruana falló en incrementar la producción agrícola, en lograr alguna forma de redistribución de ingresos hacia las comunidades campesinas que rodeaban a las empresas asociativas, o introducir formas de producción modernizadas o capitalizadas. Asimismo, si bien advocaba el hacer justicia al darle el control de la producción de la tierra que había sido ancestralmente suya a los campesinos, en efecto estos no solo no se organizaron para concretar una producción comunitaria y asociativa real, sino que el velasquista ejerció gran parte del control sobre las empresas asociativas de manera vertical. La Reforma Agraria, en retrospectiva, y a pesar de los logros que alcanzó, sobre todo en el plano social, no es mucho más que un intento fallido de desestancar las poblaciones rurales pobres de la situación económica que aún en nuestros tiempos no desaparece.
Hoy en día, el Perú sigue una línea económica y política totalmente distinta de lo que en su tiempo hizo el gobierno del general Velasco Alvarado. El corte liberal en nuestra actual estrategia de desarrollo es evidente, lo cual contrasta con las medidas estatistas que se emplearon hace 30 años. Sin embargo, la pobreza en la sierra sur del Perú no ha sido todavía solucionada del todo, y corresponde a los próximos gobiernos sacar estas regiones del letargo y de alguna forma vincularlas a la bonanza que se experimente en el resto del país. No corresponde a este artículo concluir si la Reforma Agraria fue un fracaso debido a errores y fallas del gobierno militar y debió hacerse de una manera distinta, o si era necesaria una solución de índole totalmente diferente. Sin embargo, algo queda claro: el fracaso de la Reforma Agraria debe sentar un precedente que nos muestre qué debemos evitar en el futuro para eliminar la pobreza. Si no, caeremos en el error terrible y trágico de tropezar recurrentemente en los errores que son causa de lo que nos aqueja en el presente.
Escrito por Manuel Ferreyros
Autores citados: Roxana Barrantes, Michael Carter, Víctor Caballero, Alfonso Chirinos-Almanza, Laureano Del Castillo, Fernando Eguren, Ricardo Fort Meyer, Luis Gamarra, Alberto Gonzales, Luis Martínez, Enrique Mayer, Jorge Morelli, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Sabino Quispe y Rogelio Arana, Gustavo Vera y Raymond Frederick Watters.
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