La Tragedia de las Comunidades Campesinas

Al redactarse la constitución peruana de 1920, el presidente Augusto B. Leguía creyó estar rindiendo un importante servicio a sus compatriotas más desfavorecidos. En aquel entonces, la mayoría de los peruanos eran agricultores y muchos de aquellos convivían en comunidades alejadas que ocupaban desde hace siglos. Sin embargo, dada la absoluta precariedad de las instituciones públicas, la mayor parte de éstas tierras no existían en los registros del estado y, por lo tanto, se encontraban al margen del estado de derecho. Naturalmente, esta coyuntura permitía que se lleven a cabo violentas usurpaciones sin que los comuneros pudieran realizar reclamo alguno ante los tribunales de la república. Pronto, el desgobierno fue adquiriendo matices cada vez más sangrientos.

A fin de remediar esta problemática, Leguía y su equipo de juristas, hicieron implementar una figura legal que permanece vigente, de forma relativamente incólume, hasta nuestros días. Para ellos, podía solucionarse el problema de la tierra en el Perú mediante un esquema en el cual el estado reconociese la existencia y regulase el funcionamiento de “Comunidades Campesinas” a lo largo del país.

Ahora bien, cabe recordar que a partir de aquel entonces el estado peruano apostó por una peculiar manera de entender los derechos individuales. Para los habitantes de las ciudades así como para algunos agricultores está vigente un sistema que reconoce la propiedad privada y fomenta la libre empresa. Estas personas pueden, dentro de ciertos límites, disponer de sus tierras como quieran y, al amparo de cierta libertad contractual, transferirlas a terceras personas de diferentes formas a fin de hacer negocio de la manera que crean más conveniente. Por el contrario, aquellos que viven en el seno de las Comunidades Campesinas ocupan un solar sin poder disponer del mismo, ya que este le pertenece, según la ley, no a los individuas sino a una colectividad como conjunto. Asimismo, los comuneros no son libres para administrar el funcionamiento de sus tierras pues gravan sobre las Comunidades Campesinas una serie de cargas que regulan el uso que se le puede dar a las tierras y que imposibilitan, tajantemente, la posibilidad de que estas tierras se puedan transferir a terceros. (en términos legales se dice que las Comunidades Campesinas son de naturaleza inalienable) Ahora bien, esto significa que las comunidades campesinas no pueden ni comprar, ni vender, ni arrendar, ni otorgar sus tierras en concesión a terceras personas; en la práctica esto implica que la habilidad de los comuneros para hacer negocio con inversionistas o empresas de diversa índole se halla, terminantemente, restringida.

A partir de estos hechos uno puede concluir, casi sin temor a equivocarse, que las personas que viven en Comunidades Campesinas son menos libres que el resto de sus conciudadanos. Su derecho a la propiedad está condicionado a restricciones particularmente estrictas y su derecho a hacer empresa se halla, también, severamente coaptado. El presidente Leguía pensó que instaurando las Comunidades Campesinas estaría protegiendo el porvenir de los peruanos más pobres; sin embargo, y quizá inadvertidamente, éste consolidó la posición del campesino indígena como ciudadano peruano de segunda categoría. A mi parecer, la condición más básica que debe garantizar un estado democrático es el principio de igualdad ante la ley. Todos los peruanos: los ricos y los pobres, los cultos y los poco educados, debieran estar sujetos a los mismos derechos fundamentales sin que pesen sistemas de excepción basados en consideraciones raciales o sociales.

Tradicionalmente, se ha utilizado un argumento historicista a fin de justificar y legitimar el régimen de Comunidades Campesinas. Según esta tesis, el hombre andino ha vivido, a lo largo de los siglos en un entorno sin propiedad privada donde regían como entes rectores principios de reciprocidad y redistribución. Subsiguientemente, afirman los que sostienen este argumento, el gobierno debe proteger y fomentar las formas ancestrales de vida mediante la creación de “Comunidades Campesinas”. Sin embargo, considero que este punto de vista refleja una actitud típicamente paternalista que muchos peruanos arrastran, como carga inconsciente, desde la época del virreinato. A mi parecer, es lógico y justo que los campesinos mismos puedan decidir cómo llevar a cabo su vida. Si es que el sistema colectivista de los ayllus es realmente tan apetecedor y tan deseable como se pretende entonces, indudablemente, muchos campesinos optarían por el de manera voluntaria. Sin embargo, si es que algún comunero decidiera hacer empresa e integrarse a la economía de mercado éste debería poder hacerlo sin que pesen sobre él cargas o gravámenes impuestos unilateralmente por el estado.

por Lucas Ghersi Murillo

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3 respuestas a La Tragedia de las Comunidades Campesinas

  1. Ana Lucía dijo:

    Lucas, me parece que haces una disyunción falsa: el tener un sistema sobre la base del ayllu no implica el estar apartado del mercado económico. Al contrario de lo que se piensa, el ayllu va más allá de simplemente “compartir” sin poseer propiedad privada; el ayllu es el sistema por el cual se rige todo tipo de relaciones tanto en las comunidades andinas como en muchos de los AAHH en Lima que tienen gran influencia de los migrantes de la sierra (lo cual no significa que estén fuera del mercado). Lo que esta norma propone, a mi parecer, es no “volver” al ayllu sino imponer la visión histórica y poco precisa (falaz) de este sistema que se tuvo y se tiene incluso en la actualidad. Es ahí donde existe esta exclusión entre mercado y “pseudo ayllu” (por así llamarlo), que obviamente, no es pertinente para ni para la urbanidad ni para la ruralidad.

    • Estimada Ana Lucía:
      La crítica que enarbolo en este artículo hacia el régimen de Comunidades Campesinas tiene que ver con la rigidez imperante en todo este sistema que, en la práctica, le impide a los comuneros licitar, arrendar o transferir sus terrenos en proyectos de inversión que los impulsen hacia el desarrollo. Naturalmente, no cuestiono la viabilidad del sistema organisacional de ayllus que le permitió a los antiguos peruanos desarrollar una civilización admirable en muchísimos aspectos. Sin embargo, considero que es arbitrario e injusto que los habitantes de comunidades campesinas tengan menos derechos económicos que el resto de los ciudadanos peruanos; como tu bien dices, la visión simplista y falaz que los agentes del estado tienen sobre la civilización andina han puesto a los mismos comuneros en una situación de lamentable desventaja.
      Saludos,
      Lucas

  2. Estimado Lucas,

    Por más que, como liberal, comparto contigo la preocupación por la situación legal de las tierras de las comunidades campesinas, creo que vale la pena hacer una pequeña acotación. Y es que sí hay, en mi opinión, un fuerte arraigo colectivista en las comunidades; no por un sentido histórico (en eso estamos de acuerdo) sino costumbrista, desde, precisamente, la época de Leguía. Las Comunidades simplemente no conocen otro sistema y desconfían, luego de años de desafectación en la relación comuneros-estado, de cualquier propuesta de cambio que les haga el Gobierno.

    Por ende, me permitiría hacer una pequeña contribución al artículo: No sólo es útil el “qué” de las cosas. Es decir, el “qué tenemos que hacer?” sino el “cómo tenemos que hacerlo”. Uno de los grandes problemas de esta gobierno y sus antecesores es que arman una ley en el Congreso y luego la llevan campantes a la Sierra en donde le dicen al campesinado “esto es” y punto.

    Si vamos a implantar un sistema de propiedad privada (y estoy de acuerdo contigo en que deberíamos hacerlo) es absolutamente necesario emprender una campaña previa de negociación, explicación y concertación con las comunidades campesinas, de quienes hay que prmero ganarnos su confianza y luego conocer a fondo sus intereses y preocupaciones sobre el modelo (luego de años de autoconvencimiento y convencimiento de ONGs que les dicen que el único camino es el colectivo) para luego explicar y desmitificar el sistema de propiedad privada.

    Sólo una vez que las comunidades se encuentren convencidas de que esto les gusta es que podemos luego plantear la modificación legal de la que hablas (si es necesario, una comunidad a la vez!). De lo contrario, estaremos continuando un paradigma confrontacional entre comunero y estado, en lugar de dar un vuelco a la relación y plantear un paradigma de cooperación.

    Es más difícil y toma más tiempo, pero los resultados que produce son también más duraderos que lo que tenemos hoy, en donde no podemos pasar una ley forestal hace ya buen tiempo porque tenemos dos partes cada una pensando que la otra quiere hacerse el vivo con uno.

    Una vez más, felicitaciones por el artículo.

    Saludos,

    Alonso

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