ESPECIAL: Hacia la conversión del Perú en exportador de servicios

La Comisión de Economía del Congreso de la República ha emitido un dictamen que propone una Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, la que de ser aprobada por el pleno, abrirá un hito trascendental en la senda de desarrollo del Perú, al permitir al menos quintuplicar durante la siguiente década los menos de US$ 4 mil millones al año que el Perú exporta en servicios. Tómese nota que este monto hoy con las justas equivale a un 12% del total de las exportaciones de bienes y servicios del país. Esta proporción está situada muy por debajo del 25% que rige a escala mundial, según cifras oficiales. La propia OCDE considera que estas subestiman la real magnitud del comercio mundial de servicios, al no incorporar cabalmente las nuevas modalidades de exportación de servicios, tales como la ‘presencia comercial’, el ‘consumo en el exterior’, las ventas de servicios vía Internet y los servicios vinculados al movimiento de personas físicas.

Las exportaciones de servicios vienen creciendo a mayor velocidad que las de bienes a escala mundial, y en las economías de mayor crecimiento económico – como China, India, Corea, Taiwan, Singapur, Indonesia y Rusia – se están convirtiendo en el verdadero motor del desarrollo. En América Latina, países como Chile, Costa Rica y Colombia, hace rato se dieron cuenta de la importancia de la exportación de servicios y ya han sacado gran ventaja al Perú en la exportación de servicios en consultoría, software, ingeniería, finanzas, transporte de pasajeros y de carga, educación, mercadeo, publicidad, etc.

Al exportar servicios estas economías privilegian la generación de empleos altamente calificados y la especialización en actividades intensivas en tecnología y educación de punta, desplegando efectos multiplicadores que se esparcen a los sectores de bienes, originando ventajas competitivas que robustecen el producto potencial y la capacidad de crecer sostenidamente a largo plazo.

Tres son los ingredientes que permiten gatillar la expansión de las exportaciones de servicios: (i) un arreglo tributario que elimine el sesgo anti-exportador de servicios; (ii) la inversión en ciencia, tecnología e innovación; y (iii) la instauración de un sistema de educación superior que promueva la competencia en calidad educativa (antes que en precios y facilidades de ingreso y permanencia de educandos de bajo rendimiento, como es hoy). El primer ingrediente es justamente el que aporta la Ley de Fomento de la Exportación de Servicios en vías de aprobarse en el plenario del primer poder del Estado. Será el primer gran paso en la dirección correcta, al que deberán suceder dos pasos adicionales: la potenciación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y la reforma del sistema de educación superior.

El primer ingrediente no implica otorgar subsidios ni exoneraciones especiales a las empresas que exportan servicios. Todo lo contrario, implica darles el mismo tratamiento tributario que se le da a la exportación de bienes, bajo el principio fundamental del comercio mundial reconocido por la OMC, de que los países deben evitar la exportación de impuestos, lo que implica que las exportaciones no deben estar afectas al IGV en el país de exportación, por lo que los impuestos que hayan gravado las adquisiciones realizadas por el exportador deben ser susceptibles de ser recuperados por éste.

Actualmente el Perú se estaba quedando entre los pocos países que no siguen ese principio fundamental del comercio, dando lugar a una desventaja competitiva. Ello sucede, por ejemplo, en las exportaciones de servicios de transporte de carga aérea, de consultoría, software e ingeniería. En esos casos se tendría que aplicar un “sistema de saldo a favor del exportador”, que consiste en la posibilidad de éste de recuperar el IGV de sus compras destinadas a la exportación del servicio. Una regla tan simple como esta es rescatada por la ley.

Según nuestro ordenamiento legal, sólo aquellos servicios calificados expresamente como exportación no les es aplicable el IGV, siendo posible su acogimiento al sistema de saldo a favor del exportador y, por lo tanto, solamente con relación a tales servicios se aplica el principio de imposición exclusiva en el país de destino. En el caso de las ventas de bienes al exterior, se aplica el mismo principio sin que el bien a ser exportado necesite ser calificado como tal, por lo cual tales ventas, de por sí, no están gravadas con el IGV, teniendo los exportadores el derecho a recuperar el tributo que pagaron al importar o adquirir localmente activos e insumos, entre otros.

En el caso de los servicios, solo se consideran como exportaciones aquellos especificados en el artículo 33º de la Ley del IGV y los que aparecen en la lista del Apéndice V de esa misma Ley. Sin embargo, en ellos existe un vacío al haberse excluido diversos servicios.

Para poner un ejemplo, el servicio de transporte internacional de carga aérea no está en esa lista, por lo que a las empresas locales de transporte aéreo de carga no les está permitido deducir el IGV trasladado por los proveedores, dado que para ello es necesario, entre otros requisitos, que las adquisiciones se destinen a operaciones gravadas. Lo paradójico es que el transporte internacional de carga aérea está sujeto a una exoneración del pago de IGV; tratamiento inadecuado que no le permite ejercer el derecho a devolución del IGV pagado en las adquisiciones. Tal régimen de exoneración implica una penalización a los contribuyentes exentos o, alternativamente, implica la introducción de una doble imposición que artificialmente encarece los servicios producidos o distribuidos por los sujetos exonerados, al trasladarse el impuesto que grava las adquisiciones a los precios.

Es así que, vía un régimen de exoneración, se hace que el IGV que grava las adquisiciones de bienes y servicios de las empresas exportadoras de servicios no pueda utilizarse como crédito fiscal, sino que parte de dicho IGV debe aplicarse como gasto o costo, encareciendo el valor de sus servicios. Por tanto, al generar un sobre-costo tanto a las empresas dedicadas a la prestación de los referidos servicios como a los usuarios del mismo, la exoneración del IGV mella la competitividad del país frente a terceros países e inhibe el desarrollo de un mercado de servicios especializados fundamentales para un país que se ha propuesto convertirse en el HAB del Pacífico Sur Occidental, con capacidad de atraer inversiones y carga de todas partes del mundo, por su competitividad logística internacional y de transporte multimodal.

Hay que felicitar a los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República por compartir una visión de avanzada y haber impulsado un proyecto con sólidos fundamentos técnicos. También hay que reconocer el empeño personal que le ha puesto a esta ley el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers, así como la rigurosa labor de estudio y evaluación realizada por los funcionarios de su portafolio. Un Ministerio de Economía y Finanzas liderado por un empresario de avanzada como lo es Ismael Benavides Ferreyros, de seguro dará su espaldarazo a esta ley, haciendo posible que dos Ferreyros juntos hagan historia.

Por: Jorge Chávez Alvarez
Presidente Ejecutivo de la Consultora MAXIMIXE y ex Presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

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