El derecho a la privacidad y la libertad de expresión

El tema de la interceptación telefónica ha pasado ya un segundo plano, porque la atención mediática en nuestro país tiene la extraña tendencia a dar toda su atención a la coyuntura y a olvidar los problemas que todavía nos amenazan, hasta que resurgen y el escándalo se reaviva. Sucedió así con los Petroaudios, y todos creyeron que el chuponeo había desaparecido hasta que las elecciones por la municipalidad de Lima hicieron que las conversaciones privadas de Lourdes Flores fueran repentinamente de “interés público”. La interceptación telefónica no se ha ido a ningún lado. Como se evidencia por los lamentables sucesos ocurridos en el pasado proceso electoral, todo político de importancia, en el presente, debe enfrentar la posibilidad constante de que sus palabras sean menos privadas de lo que debería.

Nadie, o muy pocos, no considerarán que la interceptación telefónica es un crimen. Sin embargo, no todos están tan de acuerdo acerca de lo que significa la información que sale a la luz a raíz de ella. Hace poco hubo una importante discusión acerca de la permisibilidad de la publicación de información privada extraída por medios ilícitos. Existe aún una discusión acerca de si es que, por ejemplo, audios interceptados –habiéndose perpetrado el crimen que los origina– pueden ser difundidos por los medios de comunicación. El problema es, fundamentalmente, la colisión de derechos fundamentales: por un lado, el derecho a la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la información; y por otro lado, el derecho a la privacidad.

El argumento de los que abogan por la legitimidad de la difusión de interceptaciones de comunicación ilegales plantea que, habiéndose cometido el crimen, la sociedad tiene derecho a tener acceso a aquellas cosas que son de “interés público”, por ejemplo, las relacionadas con la gestión pública y el Estado. Además, los medios de comunicación deben tener siempre libertad de prensa, y no permitir que publiquen material, aunque de obtención ilegal, constituye censura impermisible. La prensa tiene, pues, un deber de informar con objetividad y responsabilidad a los ciudadanos sobre aquellas cosas que le conciernen como tales, como las redes de corrupción y el perfil de sus posibles futuros funcionarios.

Por mi parte, me mantengo completamente contrario a esta postura, y por diversos motivos.

En primer lugar, considero que toda libertad tiene un límite. Suena evidente que, por más que uno tenga ciertos derechos y libertades, estos no son irrestrictos y deben siempre respetar los ajenos. Así, la libertad de expresión no es, por ningún motivo, un valor sacrosanto y absoluto que actúa como una suerte de piedra central de los cimientos de la vida en democracia. Esto no significa que no la considere de gran importancia, ni mucho menos. La libertad de expresión no debe ser menospreciada, pues es uno de los muchos aspectos de la libertad individual del ser humano, que es –en mi opinión– el verdadero valor absoluto de la democracia.

Sin embargo, nadie tiene derecho por encima de otro. Por tanto, de la misma manera como uno no tiene libertad de expresarse en difamación o calumnia de otra persona, pues estaría atentando contra el derecho al honor y a la reputación, uno tampoco debe tener la libertad de difundir audios completamente privados que han sido obtenidos ilegalmente, pues esto sería una violación directa al derecho a la privacidad. Así pues, nuestra Constitución expresa claramente, en el segundo artículo, inciso 6, que toda persona tiene derecho “a que los servicios informáticos, (…) públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”. Claramente, proscribe la difusión de información que afecte la privacidad de una persona.

Además, sostener que si bien la interceptación telefónica es inadmisible la difusión de sus frutos es legítima es, al menos, un tanto ingenuo. El objetivo de estos crímenes, en muchos casos, es precisamente ver sus hallazgos difundidos. El gran mal no es que el malhechor escuche las conversaciones privadas; es que la privacidad sea quebrantada y que lo privado se haga accesible como público. Es, pues, absurdo sostener que, mientras no se avala el crimen, debemos aprovechar sus frutos.

Por un lado, aprovechar estos frutos tiene como resultado directo que el crimen tenga éxito. En el momento en el que audios suenan en televisión por cable, se demuestra que no solo se logra mucho con la interceptación telefónica, sino que este negocio es rentable. Nadie ha sido atrapado por interceptación telefónica, y entonces ¿qué detiene el chuponeo? ¿La conciencia moral de los perpetradores?

Por otro lado, el legitimar la publicación de los frutos de la interceptación telefónica perite que se perpetúen redes de corrupción que encuentran en esta práctica un activo importante. Como ya se ha visto, los audios interceptados son una gran herramienta para extorsionar a enemigos, o cambiar el destino de elecciones democráticas. El chuponeo desenmascarará algunos escándalos de corrupción, pero de seguro engendrará muchos otros.

Por supuesto que los mayores interesados en la legitimidad de la publicación de material privado de particulares son los medios de comunicación. El poder publicar los audios interceptados les da no solamente poder; además, le otorga una suerte de “poder fiscalizador”, lo convierte en una especie de cuarto poder del Estado fuera del Estado, y controlado por privados.

¿Bajo qué argumento se justifica la violación del derecho a la privacidad de un particular para la difusión de información que le pertenece de forma privada? Se ha proclamado el “interés público” como un valor que pasa por encima de la privacidad de individuos. Sin embargo, esto me parece un argumento vacuo y, además, interesado.

El llamado “interés público” no existe –o más bien, es una construcción abstracta. El término se repite hasta el cansancio, y no me queda claro exactamente qué es. Se usa a menudo para designar aquello que le interesa a la mayor parte de personas en el país, aquello que los ciudadanos quieren saber, pues les concierne. Entonces, posibles casos de corrupción, por ejemplo, son de interés público: deben ser puestos a la vista pública pues le concierne a todos los individuos. Es importante recalcar, además, que el interés público es incognoscible, pues no puede ser realmente medido, ni por encuestas o sondeos; y no es homogéneo, pues no existe una opinión común –no existen dos opiniones iguales, en realidad.

El que las personas tengan interés por algo no significa que tengan derecho a obtenerlo. Lo que propone el argumento que pone el “interés público” por encima de la libertad individual a la privacidad es, esencialmente, que si suficientes personas están interesadas en ello, si le concierne a la sociedad como conjunto (y decir esto es un tanto absurdo, pues la sociedad como conjunto no existe más que como construcción mental), se debe pasar por encima de la privacidad del afectado.

Existe una diferencia entre la democracia y la oclocracia. Esta última es el gobierno de las multitudes y masas, el sometimiento de la totalidad a la mayoría y la opresión de la minoría a favor de esta. Lo que diferencia a la democracia es el respeto por los individuos, y el precepto de que jamás se debe abusar del individuo a favor del llamado “bien común”, pues esta es la primera puerta hacia el abuso y la pérdida de los derechos humanos fundamentales. Una verdadera democracia, pues, no considera admisible subordinar el derecho expreso y evidente de una persona –en este caso, su derecho a que aquellas cosas que son privadas permanezcan privadas– a lo que quiere la mayoría. De interés público puede ser cualquier cosa, y no porque le interese a la gente, las cosas privadas deben ser hechas públicas. El derecho de cada uno a vivir su vida privadamente no puede ser, así, puesto en segundo plano frente al deseo de las masas.

Sostener esto se hace más difícil en casos de evidente corrupción. Por ejemplo, a raíz de interceptaciones telefónicas se puso a vista del público la corrupción que existía en torno a los infames “petroaudios”. Sin embargo, el principio de “el fin justifica los medios” es a menudo un pretexto para cometer crímenes sin justificación en pos de un interés aparentemente correcto. Por más que la corrupción se una lacra que debe ser combatida de frente, nunca se debe combatir mediante recursos sucios.

Así pues, difundir material privado a favor del “interés público” y en denuncia de la corrupción va en contra de los principios elementales que están en la base de la democracia: el respeto por el individuo, y la protección de este como igual a todos los demás. Los derechos individuales no son un valor que pueda ser puesto en balanza contra el beneficio de otro.

El que se difundan materiales privados como fruto de actividades ilegales es indiscutiblemente lamentable. Justificarlo en nombre del bien común o del derecho a expresar lo que se viene en gana o publicar lo que le parece al director de un diario me parece insuficiente. Sin importar cuánto le interese al público la vida privada de alguien, contribuir al abuso de su privacidad no es justificable. Acto seguido a difundir una conversación privada por señal abierta, Rosa María Palacios agregó que “no deberíamos estar escuchando esa conversación”, como si no fuera precisamente gracias a que la televisión la difundió para el público que la escuchamos. La contradicción en ello habla por si sola.

Escrito por Manuel Ferreyros

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Una respuesta a El derecho a la privacidad y la libertad de expresión

  1. agustina dijo:

    grax..por esaa imagen del primeroo..tuvooo muii buenaa me ayudooo paraa civicaa..!!:P

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